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Alertan por el 'saqueo' del puerto | Diario del Fin del Mundo

Con nuevas licitaciones bajo cuestionamiento, los trabajadores del puerto advirtieron sobre la existencia de sobreprecios, una creciente tercerización de servicios, con una duplicación de gastos, denunciaron que siguen impedidos de ingresar a sus puestos y reclamaron una respuesta más firme de la Justicia y de las instituciones provinciales.

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Alertan por el 'saqueo' del puerto | Diario del Fin del Mundo
Alertan por el 'saqueo' del puerto | Diario del Fin del Mundo

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a intervención de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) volvió a quedar en el centro de la polémica tras la apertura de nuevos procesos de contratación para el puerto de Ushuaia. Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos sostienen que el organismo está licitando servicios que históricamente realizaba personal propio, pese a que más de 80 empleados continúan impedidos de ingresar a sus lugares de trabajo desde que comenzó la intervención.

Gastón Castillo y Valeria Garría, referentes de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, aseguraron que la nueva contratación para el servicio de limpieza constituye uno de los casos más representativos de esa política. Explicaron que el puerto mantenía ese servicio por aproximadamente 6,5 millones de pesos mensuales, mientras que la ANPyN proyecta una contratación superior a los 90 millones de pesos por mes durante seis meses, incorporando además trabajos de pintura y mantenimiento que realizaban trabajadores de planta.

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Castillo sostuvo que la diferencia entre ambos contratos no responde a una ampliación de servicios sino a la decisión de reemplazar tareas que ya se ejecutaban con personal propio. "Nosotros pagábamos alrededor de 6 millones y medio de pesos mensuales. Ahora la ANPyN plantea pagar más de 90 millones por el mismo trabajo, sumado a tareas de pintura y demás que hacíamos con trabajadores de planta", señaló al cuestionar lo que definió como una duplicación del gasto público.

El dirigente remarcó además que los empleados nunca fueron notificados formalmente de una prohibición para ingresar al puerto y que la única respuesta que reciben al presentarse en sus puestos es la negativa de Prefectura Naval. "Nos presentamos en la barrera para ingresar a nuestro lugar de trabajo y Prefectura dice que no podemos entrar. Pedimos los papeles formalmente y nunca nos entregaron nada; ni siquiera sabemos de dónde viene la orden", afirmó.

Para Castillo, esa situación forma parte de una intervención que excede el plano administrativo. "Esta es una intervención federal encubierta de una supuesta intervención administrativa. Nos vinieron a robar y usurparon parte del territorio de la provincia. Eso tendría que haber pasado por el Senado o contar con algún tipo de orden judicial", expresó, al tiempo que sostuvo que quienes ejecutan esas decisiones "terminan siendo cómplices" de la ocupación del puerto.

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Valeria Garría reconstruyó el inicio del conflicto y recordó que el día en que la intervención tomó posesión del puerto, durante la madrugada, más de 80 trabajadores quedaron imposibilitados de ingresar, junto con las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos e incluso la vicegobernadora. También detalló que las primeras medidas consistieron en realizar exposiciones ante Prefectura, trámite que inicialmente ni siquiera era aceptado por la fuerza. "Después de insistir comenzaron a tomarnos las denuncias y hoy ya presentamos medidas judiciales. Estamos esperando que la Justicia resuelva esta situación para poder volver a nuestros puestos laborales", indicó.

Castillo precisó que los trabajadores promovieron una medida cautelar y una demanda judicial contra la decisión que les impide ingresar al puerto. Explicó que la discusión sobre la competencia judicial demoró el tratamiento del expediente y que ahora esperan una resolución del juez Federico Calvete. "Estamos esperando una decisión firme porque nos están sacando un puerto que es de la provincia", sostuvo.

Los representantes de los trabajadores también cuestionaron la escasa reacción institucional frente al conflicto. Señalaron que mantienen diálogo con algunos legisladores provinciales, pero consideran insuficientes los pronunciamientos públicos y las acciones políticas. "Para estas cosas no tendría que haber grietas. Tendrían que juntarse todos para defender a la provincia. Falta que aparezcan más pronunciamientos y acciones más directas sobre esta situación".

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Las nuevas licitaciones continúan avanzando sobre tareas que antes realizaba el propio personal del puerto y citó como ejemplo el reciente llamado para el mantenimiento de la cisterna. "Ese trabajo lo hacía la gente de Servicios Generales porque estaba ahí todo el tiempo. Se sigue duplicando el gasto mientras los trabajadores no podemos ingresar para hacer esas tareas", concluyó.

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