Así operan las nuevas generaciones de narcos colombianos, según informe del Financial Times: es una estructura empresarial
La metamorfosis mafiosa ha disparado la violencia rural, provocando el éxodo de miles y poniendo en jaque la gobernabilidad democrática nacional
Por Daniel Esteban Reyes Espinosa
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La publicación de un informe de Financial Times, diario británico, en junio de 2024, evidenció cómo el narcotráfico en Colombia ha evolucionado hacia una organización de tipo empresarial, encabezada por grupos armados ilegales que amplían su control territorial y diversifican sus actividades ilícitas, con impacto fuera de Colombia, incluida Europa.
El análisis reúne testimonios y datos que demuestran la transformación del fenómeno desde el Acuerdo de Paz de 2016, y expone los desafíos tanto para el Estado colombiano como para la comunidad internacional ante un escenario de expansión global.
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El informe del Financial Times, mediobritánico con especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía, señala que, tras la firma del acuerdo con las Farc durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, los grupos insurgentes con finalidad política se transformaron en organizaciones criminales impulsadas principalmente por intereses económicos.
Estas organizaciones han incrementado la producción de cocaína, consolidaron su presencia en territorios antes controlados por el Estado y extendieron sus rutas de distribución a mercados internacionales, especialmente Europa.
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Han surgido nuevas redes logísticas globales y diversificación hacia delitos como la minería ilegal y la trata de personas, en un contexto de violencia persistente que afecta a Colombia y a sus socios regionales.
Colombia ha visto cómo los grupos armados ilegales —especialmente disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo— han adoptado una lógica de negocios.
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El medio internacional citado menciona a María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, quien califica al Clan del Golfo como "la mayor empresa criminal de Colombia".
El informe indica que el acuerdo de paz propició una fragmentación del poder delictivo, facilitando la aparición de bandas especializadas y adaptadas a la economía global.
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Como consecuencia, surgió competencia por maximizar ganancias, con la incorporación de tecnologías como drones y nuevas variedades de coca que elevan la productividad.
El fenómeno ilustra un cambio de paradigma: según Nora Taquanas, líder indígena en Cauca entrevistada por el Financial Times, ahora "estamos enfrentando grupos que se mueven principalmente por intereses económicos". Esta transformación también ha afectado el nivel de violencia en regiones como Cauca, donde, tras el acuerdo de 2016, el conflicto se intensificó, desplazando a la población local.
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Uno de los mensajes centrales es el crecimiento del control territorial de los grupos armados ilegales.
Los mapas comparativos entregados por la Defensoría del Pueblo revelan que, si bien en 2019 la actividad criminal se circunscribía sobre todo a amplias zonas de Meta, Caquetá, Arauca, Casanare, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander, La Guajira y Antioquia, hoy el fenómeno abarca casi todo el país.
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Únicamente ciertas áreas del Amazonas, Vaupés, Cundinamarca y el norte del Tolima quedarían relativamente fuera de la influencia de estos grupos.
La ocupación territorial se ha traducido en una pérdida de autoridad estatal.
Solo 10% del territorio nacional estaría libre de la presencia de organizaciones delictivas, lo que limita seriamente la capacidad de las Fuerzas Armadas para intervenir y dificulta la implementación de políticas públicas y de seguridad, según el medio citado.
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De acuerdo con estimaciones de Acled, organización internacional que recopila datos sobre conflictos armados, recuperadas por el Financial Times, cerca de la mitad de los municipios colombianos presentan presencia activa de al menos un grupo armado ilegal.
La transformación empresarial del narcotráfico colombiano se refleja en el aumento de la producción de cocaína. El Financial Times informó que en la última década la oferta se triplicó, un fenómeno acompañado por un incremento de aproximadamente 50% entre 2018 y 2023 en la superficie cultivada, que alcanzó 253.000 hectáreas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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Las organizaciones criminales introdujeron nuevas técnicas agrícolas, cultivos de alto rendimiento y laboratorios más sofisticados. Un ejemplo es el hallazgo de un laboratorio en Putumayo con capacidad para procesar 5 toneladas al mes.
A pesar de que en 2022 los precios de la coca descendieron inicialmente por exceso de oferta, la comercialización y demanda global evitaron cualquier reducción significativa en la actividad, incrementando incluso la rentabilidad mediante la expansión de redes de distribución.
Simultáneamente, se ha acentuado la diversificación hacia otras prácticas ilícitas. Las bandas han intensificado la minería ilegal de oro, aprovechando el alto precio del metal y las rutas logísticas ya existentes para importar insumos, como mercurio. La trata de personas ha cobrado un rol cada vez mayor, en particular a través de la ruta del Tapón del Darién, donde el Clan del Golfo controla el flujo de migrantes que intentan cruzar hacia Centroamérica y Estados Unidos.
El alcance internacional del fenómeno se evidencia en Europa, convertida en el segundo mercado de consumo de cocaína. Datos de la Agencia Europea de Drogas, organismo de la Unión Europea, informan que los Estados miembros decomisaron un récord de 419 toneladas en 2023, mientras que en Alemania se confiscaron 35,5 toneladas, valoradas en 2.600 millones euros.
El Financial Times advierte sobre la creciente infiltración de redes criminales en puertos y sistemas judiciales europeos, lo que llevó a un juez belga a alertar sobre el riesgo de un "narco-Estado".
Las consecuencias políticas de este nuevo escenario delictivo en Colombia dominan el debate electoral ante la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
El Financial Times señala que De la Espriella promete una "ofensiva militar" destinada a erradicar y capturar a los principales líderes criminales, postulando una renovación del Plan Colombia con respaldo internacional.
Cepeda, en contraste, defiende una estrategia de negociación conocida como "Paz total", aunque aún quedan pendientes los detalles de su implementación.
El desempeño de la política antidrogas es objeto de críticas. Humberto de la Calle, exvicepresidente y jefe negociador del acuerdo de 2016, declaró en el Financial Times que la política de Paz total "ha sido un fracaso total".
Añadió que "el problema es mucho más complicado hoy porque estos son grupos criminales con presencia dentro de la población", lo que dificulta cualquier operación militar sin riesgos para las comunidades.
El exmandatario Juan Manuel Santos advirtió en el Financial Times que la fragmentación posterior a la salida de las Farc permitió que "mafias" ocuparan el espacio estatal, generando consecuencias para toda América Latina.
Santos planteó que la solución requiere combinar presión militar, desarrollo económico, sustitución de cultivos y mayor presencia institucional en los territorios.
El informe del Financial Times sostiene que el narcotráfico en Colombia ha pasado de manos insurgentes a estructuras criminales profesionales orientadas al negocio ilícito.
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