Causa Libra: la Justicia apartó a los querellantes y reconfiguró el avance de la investigación
El juez federal Martínez de Giorgi resolvió la medida tras un pedido de uno de los investigados, Mauricio Novelli, señalado en la presunta estafa con la criptomoneda.
El juez federal Martínez de Giorgi resolvió la medida tras un pedido de uno de los investigados, Mauricio Novelli, señalado en la presunta estafa con la criptomoneda.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que investiga la causa Libra apartó a cinco querellantes del caso y dio lugar a un pedido elevado por la defensa del lobista Mauricio Novelli, uno de los investigados por la presunta estafa con la criptomoneda.
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Se trata del caso que busca determinar si existió un delito en torno al token promocionado por el presidente Javier Milei en su cuenta de X en febrero de 2025.
El magistrado concluyó que las personas investigadas no lograron demostrar haber sufrido un "perjuicio directo" como consecuencia de los hechos investigados ni demostraron la titularidad de los tokens. También consideró insuficiente la documentación presentada para probar la propiedad de las billeteras virtuales utilizadas y el origen de los fondos con los que adquirieron la criptomoneda.
El fallo alcanza a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes intervenían en la causa a través de dos querellas distintas.
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"La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso", afirmó el juez Martínez de Giorgi.
Y agregó: "Aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley".
El caso Libra continuará bajo la órbita de la fiscalía federal de Eduardo Taiano. Sin embargo, si la decisión queda firme, los cinco inversores dejarán de actuar como querellantes, perderán acceso al expediente y ya no podrán solicitar medidas de prueba.
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