Contrataciones polémicas: La ANPYN malversa fondos provinciales | Diario del Fin del Mundo

Comparta esta nota por correo electrónico completando el siguiente formulario

ientras la Corte Suprema tiene bajo análisis los planteos promovidos por la Provincia de Tierra del Fuego y la Dirección Provincial de Puertos respecto de la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia, las autoridades libertarias de la AGP y la ANPYN siguen avanzando con procesos millonarios de compras y contrataciones sin controles públicos sobre la utilización de los fondos del Puerto de Ushuaia, además de impedir el acceso a la información sobre la recaudación de fondos provenientes por la comercialización del puerto provincial desde enero a la fecha y los gastos que se están produciendo.

Lejos de adoptar una posición de prudencia institucional hasta que exista una definición judicial, la AGP (una empresa en liquidación) y la ANPYN impulsaron una batería de contrataciones millonarias que abarcan desde servicios médicos y sistemas de videovigilancia hasta nuevas redes de comunicaciones y un ambicioso relevamiento integral destinado a la regularización dominial de la jurisdicción portuaria.

Precisamente este último expediente es el que genera mayores cuestionamientos. La contratación prevé relevar, mensurar y producir documentación técnica y catastral sobre áreas portuarias de Ushuaia con el objetivo de avanzar en procesos de regularización dominial. Sin embargo, del análisis del pliego se desprende que se trata de terrenos que forman parte del patrimonio fueguino, por lo que resulta sumamente irregular que se destinen recursos que está administrando de forma polémica el gobierno nacional para intervenir sobre bienes cuya titularidad no le corresponde.

Más aún, la decisión adquiere una dimensión política mayor porque no se trata de una obra operativa ni de una mejora de servicios, sino de una acción directamente vinculada al control territorial y administrativo del puerto. En otras palabras, mientras la discusión sobre las competencias entre Nación y Provincia permanece abierta en los tribunales federales, la gestión libertaria continúa produciendo actos administrativos que podrían condicionar futuras definiciones.

A ello se suma otro punto sensible: el manejo de los recursos que genera el propio puerto. Desde el momento de la intervención federal, distintos sectores (entre ellos este medio) vienen reclamando información detallada sobre la recaudación proveniente del uso del muelle, las tasas portuarias y las actividades vinculadas a los cruceros internacionales, la logística antártica y las operaciones comerciales.

Sin embargo, las autoridades tanto de la ANPYN como de la AGP han sido objeto de críticas por la falta de información pública respecto de la ejecución de esos fondos. Según se ha denunciado, la Intervención no brinda respuestas suficientes sobre el destino de los recursos obtenidos a partir de la explotación de una infraestructura que históricamente fue administrada por Tierra del Fuego y que constituye uno de los principales activos económicos de la provincia.

En este contexto, la falta de transparencia alimenta las sospechas. Mientras se anuncian nuevas contrataciones y se proyectan intervenciones sobre terrenos, instalaciones y sistemas operativos, no existe información pública integral que permita conocer con precisión cuánto recauda el organismo nacional en Ushuaia, cómo se distribuyen esos ingresos y qué porcentaje retorna efectivamente en inversiones para la provincia.

Por otra parte, las nuevas licitaciones muestran que la intervención no sólo mantiene el control operativo del puerto sino que además profundiza su presencia institucional. La modernización de las comunicaciones, la renovación de los sistemas de vigilancia, los servicios médicos permanentes y el relevamiento dominial forman parte de una estrategia que consolida la administración nacional sobre la terminal marítima fueguina.

De esta manera, el conflicto ya no se limita a una discusión jurídica. Lo que está en debate es quién ejerce el control efectivo sobre el principal puerto de Tierra del Fuego y quién administra los recursos que allí se generan. Mientras la Corte Suprema aún no se pronuncia sobre el fondo de la controversia, la Nación continúa tomando decisiones, ejecutando presupuestos y avanzando sobre aspectos operativos y territoriales que la provincia considera propios.

Por eso, cada nueva contratación publicada por la intervención vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta: si la legalidad y el alcance de la intervención todavía están siendo discutidos ante el máximo tribunal del país, ¿por qué el Estado nacional continúa profundizando acciones sobre bienes, recursos y espacios cuya jurisdicción es provincial?

• #provinciales
• #116540
• #contrataciones
• #polemicas
• #anpyn
• #malversa
• #fondos
• #tierra del fuego