Cuando falla la gestión, otra semana de receso | Diario del Fin del Mundo

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ay decisiones que no necesitan demasiadas explicaciones. Se explican solas.

Hoy, los casi 50.000 estudiantes de establecimientos públicos y privados deberían volver a las aulas. En cambio, seguirán una semana más de vacaciones por decisión del Ministerio de Educación.

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La resolución oficial ofrece dos argumentos: las condiciones climáticas del invierno y la necesidad de finalizar obras de infraestructura para garantizar edificios seguros. Sobre el papel suena razonable. El problema aparece cuando esos argumentos se enfrentan con la realidad.

El invierno no llegó por sorpresa. Estamos en Tierra del Fuego, donde el frío y la nieve forman parte del calendario todos los años. Sin embargo, mientras se suspenden las clases por razones climáticas, el propio Gobierno promueve colonias de invierno con actividades al aire libre, caminatas con raquetas y esquí de fondo. La contradicción es evidente: la nieve parece segura para hacer deporte, pero no para asistir a la escuela.

La explicación vinculada con las obras también deja más preguntas que respuestas. La provincia tiene alrededor de 170 establecimientos educativos. ¿En cuántos continúan los trabajos? ¿A cuántos alumnos afectan? El Gobierno no brinda esa información. Sin esos datos resulta imposible saber si era imprescindible detener durante una semana el funcionamiento de todo el sistema educativo.

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Ese es el verdadero punto de discusión.

Si existen escuelas donde las condiciones edilicias aún no permiten el dictado normal de clases, la suspensión resulta lógica. Lo difícil de justificar es que la solución haya sido cerrar todas las escuelas, incluso aquellas que están en condiciones de funcionar.

La decisión revela una forma de administrar los problemas: en lugar de resolverlos donde existen, se distribuyen sus consecuencias entre todos. Es más sencillo modificar el calendario completo que aplicar soluciones puntuales.

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La propia resolución reconoce que los días perdidos deberán recuperarse extendiendo el ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre. Es decir, el problema no se resuelve; simplemente se traslada. Serán las familias, los docentes y los estudiantes quienes deberán reorganizar sus actividades porque las obras no estuvieron terminadas cuando correspondía.

Y allí aparece la pregunta que permanece sin respuesta: si esos trabajos estaban planificados, ¿por qué no llegaron a tiempo?

El contexto vuelve todavía más difícil de comprender la medida. Durante la primera mitad del año, miles de alumnos ya perdieron numerosos días de clase por conflictos gremiales, problemas edilicios y dificultades de funcionamiento en distintos establecimientos. Sin embargo, recién ahora el Ministerio parece preocupado por garantizar los 190 días del calendario escolar, extendiendo el ciclo hasta diciembre para compensar esta semana adicional de receso.

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La comparación resulta inevitable. Si era posible modificar el calendario para recuperar estos días, ¿por qué no se aplicó el mismo criterio para compensar las jornadas perdidas durante el primer semestre?

Tampoco pasa inadvertido el momento político en que se adopta la decisión. El ministro Pablo López Silva había regresado a la provincia el 14 de julio, luego de permanecer ocho días en comisión de servicio en Buenos Aires. Tras un semestre atravesado por conflictos, suspensiones y deficiencias edilicias, la primera medida de impacto de su gestión fue extender las vacaciones para todo el sistema educativo.

Nadie discute la necesidad de invertir en las escuelas. Lo que está en discusión es la planificación. Cuando un ministerio debe modificar el calendario escolar porque las obras no estuvieron listas a tiempo, el problema deja de ser el invierno y pasa a ser la gestión.

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Queda, además, una última incógnita. Si el motivo para extender el receso es que todavía existen establecimientos que no reúnen las condiciones necesarias para funcionar, ¿qué ocurrirá si el 3 de agosto esos trabajos aún no concluyeron? ¿Se volverá a postergar el inicio de clases para toda la provincia o ese criterio dejará de aplicarse?

En definitiva, el Ministerio decidió que casi 50.000 estudiantes permanezcan una semana más sin clases por dificultades que, según la propia resolución, afectarían solo a una parte del sistema educativo. Hasta que se informe cuántas escuelas están realmente comprometidas y por qué no se adoptaron soluciones diferenciadas, seguirá instalada la sensación de que se eligió la alternativa más sencilla, no necesariamente la más adecuada.

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