De Vido y López, condenados a cinco años de prisión
El Tribunal Oral Federal N° 4 halló culpables al exministro de Planificación y al exsecretario de Obras Públicas por cobro de sobornos y perjuicio económico al Estado.
El expediente conocido como caso Skanska llegó este 13 de julio a su desenlace judicial. El Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, dictó una condena de cinco años de prisión contra el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, al considerarlos responsables de haber recibido pagos ilegales y de haber actuado en perjuicio de los intereses del Estado durante el proceso de ampliación de dos gasoductos.
Antes de conocerse el veredicto, los jueces descartaron los pedidos de nulidad presentados por las defensas. Junto a los dos exfuncionarios, otros empresarios y exfuncionarios vinculados a la causa también recibieron condenas en la misma jornada.
Para De Vido, esta no es la primera sentencia: acumula otros procesos judiciales, aunque hasta ahora solo una condena —la vinculada a la tragedia ferroviaria de Once— se encuentra firme. Por ese expediente cumple actualmente prisión domiciliaria.
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El origen de la causa Skanska se remonta a casi veinte años atrás, a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y de una investigación periodística que puso en duda el uso de empresas fantasma por parte de la firma sueca para evadir impuestos o encubrir el pago de sobornos a funcionarios públicos.
Según la fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, el esquema investigado apuntaba a direccionar la adjudicación de obras para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, un proyecto pensado para responder al aumento de la demanda energética tras la crisis de 2001. El fiscal describió una trama que combinaba pagos indebidos, facturación irregular para justificar el destino del dinero y sobrecostos en las obras adjudicadas a Skanska.
La investigación había quedado prácticamente clausurada en 2011, cuando la Cámara Federal decidió sobreseer a los acusados de ese entonces y revocar los procesamientos vigentes. Lo que le devolvió impulso al caso fue la validación judicial de una grabación obtenida durante un allanamiento realizado al inicio del proceso.
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En ese audio, un directivo de la compañía reconocía ante un auditor interno el pago de sobornos para asegurarse la adjudicación de obras públicas, así como el uso de comprobantes apócrifos para justificar esos desembolsos hacia funcionarios de organismos estatales vinculados al sector energético.
Ese material había sido dejado de lado inicialmente porque no provenía de una orden judicial, sino de una pesquisa interna de la empresa. Sin embargo, en 2015 la Corte Suprema habilitó una nueva revisión y la Cámara Federal de Casación Penal terminó por incorporarlo formalmente a la causa, lo que permitió que la fiscalía —esta vez bajo el impulso de Carlos Stornelli— solicitara la nulidad de los sobreseimientos previos.
De Vido enfrenta además un proceso judicial separado por el programa de viviendas sociales conocido como Sueños Compartidos, gestionado en su momento por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En ese expediente, la fiscalía reclamó una pena de seis años de prisión. López, por su parte, también está imputado en esa causa y podría sumar una condena adicional a la pena unificada que ya afronta por las causas Vialidad y por el hallazgo de bolsos con dinero en un convento.
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