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CURIOSIDADES
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07·Curiosidades

Denuncia penal contra Laura Sánchez por presunto uso de fondos públicos en un negocio privado

Concejales del PJ denunció a Laura Sánchez por presunto uso de fondos públicos para pagar el servicio eléctrico de un emprendimiento privado.

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Denuncia penal contra Laura Sánchez por presunto uso de fondos públicos en un negocio privado
Denuncia penal contra Laura Sánchez por presunto uso de fondos públicos en un negocio privado

El bloque de concejales del Partido Justicialista (PJ) de la ciudad de San Luis presentó una denuncia penal contra la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez, por presuntas irregularidades vinculadas al uso de fondos públicos para afrontar gastos de un emprendimiento privado.

La denuncia también involucra a la secretaria de Gobierno y Hacienda municipal, Fabiana Malamud, y a la contadora general del municipio, Andrea Bustos Lucero, quienes, de acuerdo con la presentación, habrían autorizado los pagos cuestionados.

Los ediles sostienen que, desde agosto de 2025, la Municipalidad habría abonado el servicio eléctrico de un inmueble donde funciona «Suela 13», un complejo de canchas de fútbol que atribuyen a Laura Sánchez.

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De acuerdo con la denuncia, el suministro eléctrico estaría registrado a nombre del municipio y los pagos se habrían realizado mediante un mecanismo de compensación con la empresa distribuidora de energía.

Los denunciantes afirman que esta operatoria habría generado un perjuicio económico para las arcas municipales.

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En la presentación se solicita que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado y enriquecimiento ilícito, entre otras figuras previstas en el Código Penal.

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Además, los concejales pidieron suspender de forma urgente el pago del suministro eléctrico cuestionado, preservar la documentación contable del municipio, requerir informes a distintos organismos e inspeccionar el inmueble señalado en la denuncia.

La presentación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si corresponde impulsar la investigación penal sobre los hechos denunciados.

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