Dos médicos acusados por robar equipos de un hospital en Salta

Dos médicos del Hospital Público Materno Infantil de Salta fueron acusados por la Justicia de presuntamente sustraer equipamiento médico del centro de salud para utilizarlo en una clínica privada de la que ambos eran socios. La acusación fue presentada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) tras una investigación iniciada por una denuncia de las autoridades hospitalarias.

La fiscalía imputó a Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa como coautores del delito de peculado, figura contemplada en el artículo 261 del Código Penal para funcionarios públicos que se apropian o desvían bienes del Estado. La presentación fue realizada ante la Oficina Judicial de la provincia.

Según la hipótesis de la investigación, ambos profesionales aprovecharon su desempeño en el servicio de Neonatología del hospital para acceder a equipos médicos pertenecientes al Estado y trasladarlos a una empresa privada dedicada a la atención neonatal, donde también desarrollaban actividades comerciales.

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La causa comenzó luego de que el director del Hospital Público Materno Infantil denunciara la posible presencia de equipamiento institucional en una clínica privada. La sospecha surgió tras una inspección realizada por el Ministerio de Salud Pública de Salta.

Durante la investigación, la fiscalía ordenó inspecciones, relevó documentación administrativa, tomó declaraciones testimoniales y realizó pericias técnicas para determinar el origen de los equipos. Como resultado de esas medidas, los investigadores hallaron seis dispositivos médicos cuyos números de serie coincidían con los registrados por el hospital denunciante.

Los equipos fueron encontrados en la terapia neonatal Neofénix, que funciona dentro de una clínica privada de la ciudad de Salta. Tras el secuestro judicial, el equipamiento fue restituido al Hospital Público Materno Infantil.

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La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio sostuvo que la presunta maniobra no solo habría provocado un perjuicio económico al Estado, sino que también comprometió el funcionamiento del sistema público de salud al involucrar equipamiento destinado a la atención de recién nacidos. Además, remarcó que los hechos investigados habrían vulnerado los principios de transparencia, fidelidad y probidad exigidos a quienes cumplen funciones públicas.

En la misma presentación, la UDEC solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas durante la investigación al considerar que no existían elementos suficientes para vincularlas con los hechos investigados.

El expediente continuará ahora con las próximas etapas del proceso judicial, en las que se definirá si la causa reúne los requisitos para ser elevada a juicio oral. Mientras tanto, la investigación pone el foco en el presunto desvío de recursos públicos destinados a la atención sanitaria y en las responsabilidades penales que podrían corresponder a los acusados.

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