El Gobierno pidió la destitución de una jueza por una regulación de honorarios superior a los $1.000 millones

El gobernador Claudio Poggi instruyó a la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, a presentar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la jueza Cynthia Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial. La presentación solicita la destitución y suspensión preventiva de la magistrada por una regulación de honorarios que causa un grave perjuicio al patrimonio del Estado.

La denuncia sostiene que la jueza incurrió en desconocimiento inexcusable y grave del derecho, incumplimiento de los deberes de su cargo y graves irregularidades procesales, a raíz de una resolución dictada en el marco de la causa "Asamblea Ciudadana por el Vulpiani c/ Gobierno de la Provincia de San Luis s/ Acción Preventiva de Daño Ambiental".

Según la presentación, Fernández Paz reguló honorarios por un total de $1.198.961.208 a favor de los abogados intervinientes en un proceso ambiental de monto indeterminado. Para ello, habría asignado un valor económico de 93.000 JUS, equivalente a casi $4.000 millones, tomando como referencia el doble del valor de una obra pública que finalmente no se ejecutó.

El Gobierno provincial cuestionó que la magistrada haya transformado arbitrariamente un expediente de monto indeterminado en uno determinable, y afirmó que la decisión desconoce los límites establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación local sobre honorarios profesionales.

A través de sus redes sociales, Poggi calificó la regulación como una medida "estrafalaria, desmedida y grotesca" y remarcó que los honorarios fueron fijados por un supuesto daño ambiental derivado de una obra pública que nunca se realizó. Además, sostuvo que cuando un funcionario público pone en riesgo los recursos de todos los sanluiseños debe ser denunciado y sometido a los mecanismos previstos por el Estado de Derecho.

La Fiscalía de Estado argumentó que el monto regulado representa recursos que podrían destinarse a políticas públicas esenciales. Entre otros ejemplos, señaló que la suma equivale al costo de 39 patrulleros, 18 viviendas familiares, 10 ambulancias, 69 respiradores artificiales o más de 2.100 sillas de ruedas, lo que, a su criterio, evidencia la magnitud del perjuicio potencial para las arcas provinciales.

Zárate sostuvo además que la decisión judicial compromete los esfuerzos realizados para sanear las finanzas públicas y destacó que el monto de los honorarios equivale aproximadamente a un mes completo de recaudación del impuesto inmobiliario provincial. Si bien reconoció la importancia de remunerar adecuadamente el trabajo profesional, afirmó que ello debe realizarse dentro de los límites legales y con criterios razonables.

Finalmente, la Fiscalía solicitó al Jurado de Enjuiciamiento que, en caso de admitir la denuncia, disponga la suspensión preventiva de la jueza Fernández Paz con retención de haberes mientras se desarrolla el proceso. Ahora, el organismo deberá analizar la admisibilidad formal de la presentación y resolver si corresponde avanzar con la formación de causa y el tratamiento de las medidas solicitadas.

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