El juez Martínez de Giorgi pidió a EE.UU. informes sobre 3 inmuebles de Florida del titular de ARCA, Andrés Vázquez

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró exhortos a Estados Unidos para verificar la propiedad de los bienes atribuidos a Andrés Vázquez. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sospecha de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa.

Propiedades atribuidas a Andrés Vázquez, jefe de la DGI (Foto La Nación).

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El juez Martínez de Giorgi pidió a EE.UU. informes sobre 3 inmuebles de Florida del titular de ARCA, Andrés Vázquez El juez Martínez de Giorgi pidió a EE.UU. informes sobre 3 inmuebles de Florida del titular de ARCA, Andrés Vázquez

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el envío de exhortos internacionales a los Estados Unidos con el objetivo de determinar si el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, es propietario de tres inmuebles en el estado de Florida. La medida se enmarca en una causa penal que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El magistrado hizo lugar formalmente a la solicitud impulsada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. El organismo de control considera que el juzgado ya cuenta con evidencias suficientes para indagar al máximo responsable del organismo recaudador por el delito de omisión maliciosa, al haber presuntamente ocultado estas propiedades en sus declaraciones juradas patrimoniales de presentación obligatoria.

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"Los tiempos pasan a depender de la buena o mala voluntad de las autoridades estadounidenses", indicó una fuente tribunalicia ante la consulta del diario La Nación. "En ocasiones, la respuesta llega en un par de meses; en otras, empiezan a pedir explicaciones y fundamentos antes de responder, lo que puede demorar el proceso durante dos o más años", sostuvo.

Dentro del Gobierno, Vázquez transmitió que él no sería el verdadero dueño de esos inmuebles en Miami, valuados en más de US$2 millones, sino que pertenecen a un tercero, que no identificó y sobre el que tampoco aportó datos en los tribunales federales de Comodoro Py. Ante esa situación, tanto el juez Martínez de Giorgi, como el fiscal federal Guillermo Marijuan y la PIA esperan la respuesta oficial desde Estados Unidos.

En su dictamen, Rodríguez sostuvo que "sin duda alguna" Vázquez incurrió en el delito de omisión maliciosa de insertar datos en la declaración jurada al no declarar ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco su vínculo con las sociedades extranjeras que registran los bienes. El reproche abarca declaraciones de 2012 a 2015 y de 2023.

Según la reconstrucción de la PIA, los departamentos de Miami fueron adquiridos entre 2013 y 2015 por dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Ambas firmas, a su vez, quedaron bajo el control de Galanthus Capital Limited, una sociedad creada en 2016 en las Islas Vírgenes Británicas, en cuyos registros Vázquez figura como beneficiario final. Desde 2021, sus hijas mellizas son secretaria y tesorera de las dos panameñas.

Para sostener que Vázquez es el dueño real, la Procuraduría reunió indicios convergentes. El funcionario y su exmujer Silvia Ivone Rodríguez ?también funcionaria de ARCA?, pagaron de su bolsillo los impuestos municipales de los inmuebles de Florida ?unos US$136.000 entre 2014 y 2018? y recibieron a su nombre los cheques de reembolso. Sus dos hijas residen desde 2022 en la unidad de Sunny Isles que está a nombre de Pompeya Group Corp., y el domicilio del funcionario en Puerto Madero figura como sede de Alcorta Corp. en los registros oficiales del estado de Florida.

El dictamen marca, además, una desproporción patrimonial: en vísperas de las compras de los inmuebles en la avenida Brickell, Vázquez declaró disponibilidades líquidas por unos US$40.000, frente a operaciones por cerca de US$1.100.000, según remarcó el fiscal Rodríguez en su dictamen.

A partir de esos hallazgos, la PIA propuso ampliar la investigación hacia el presunto enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y la evasión, e incorporó al análisis a Consultora San Andrés SA, sociedad que Vázquez controla con el 51% junto a su hermana. La firma no registra empleados, llegó a tener cuatro automóviles a la vez y le habría prestado al funcionario el dinero para comprar su departamento de Puerto Madero, esquema que el fiscal asocia con una posible "sociedad pantalla".

Otro foco es la compra, en 2018, de un triplex de 318 m² en el edificio Los Molinos Building (Faena Properties), en Puerto Madero, que Vázquez escrituró en torno a los US$226.000 cuando unidades comparables se ofrecían por más del doble, lo que la PIA considera un indicio de subvaluación.

Para avanzar, el juez también libró exhortos a los bancos estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo en busca de los extractos de Vázquez y su familia, consultar si Alcorta y Pompeya tienen cuentas allí y reiteró a las autoridades estadounidenses que le informen los movimientos migratorios de todo el grupo familiar. En el plano local requirió información a ARCA, al Colegio de Escribanos, al Banco Central (BCRA) y otros organismos.

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