El sector editorial de Jujuy rechaza la derogación de la Ley del Libro

Este lunes se reunieron en la Legislatura de la Provincia de Jujuy escritores, editoriales, personalidades de la cultura y empresarios de librerías locales, con los diputados jujeños para manifestar su desacuerdo y fundamentar el pedido de rechazo a la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y que suprime artículos de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, proyecto que el Gobierno nacional envió la semana pasada al Senado.Estas leyes, sancionadas en 2001, regulan el mercado editorial argentino y establecen, entre otros aspectos, el sistema de precio único para la venta de libros.

La iniciativa forma parte del paquete de desregulación económica impulsado por la administración del presidente Javier Milei y busca liberar las condiciones de comercialización de las publicaciones en todo el país.

Esto generó una rápida reacción de librerías independientes, editoriales y entidades del sector, que advirtieron sobre el impacto que tendría la eliminación del precio uniforme. Según sostienen, la normativa vigente permite que un mismo libro tenga el mismo valor tanto en una pequeña librería de barrio como en una gran cadena comercial, evitando prácticas de competencia desigual.

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En Jujuy, específicamente, se reunieron para tratar este tema, el presidente de la Legislatura Alberto Bernis, los diputados provinciales Mariela Ortiz, Natalia Morales, Mario Lobo; la diputada nacional por Jujuy, María Inés Zigarán; Alejandro Carrizo, miembro de la Auditoría General de la Nación; el escritor y editor jujeño, Alejandro Carrizo; la empresaria librera y organizadora de la Feria del Libro de Jujuy, María Eugenia Jaldín; la cantora y difusora cultural, Negra Cabana; el arquitecto y artista plástico Sergio Zago; y periodistas locales, entre otros interesados en salvar la cultura literaria.Horas más tarde, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, manifestó su apoyo al rechazo del proyecto de derogación.Sumaron su adhesión a un escrito que fundamenta la postura de rechazar tal proyecto.La declaración del sector del libro, en defensa de la Ley 25.542, expresa: "… Es el segundo intento en poco más de dos años. Ninguno de los actores relevantes de la cadena -autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura- lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado.El Estado no fija el precio de ningún libro, lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley solo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista. No es un precio administrado ni una planificación cultural: es una regla que impide que el libro se use como 'producto gancho' para capturar el mercado. Es, además, la regla que rige en Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur".Y amplían el pedido haciendo énfasis en la importancia de esta ley: "En América Latina, los referentes del libro de distintos países trabajan desde hace años por una norma de esta naturaleza, y en México por su cumplimiento efectivo. La Argentina se dispone a marchar en dirección contraria a la región y al mundo, desmantelando lo que otros procuran construir.Si nuestra vida cultural, literaria e intelectual es reconocida en toda la geografía de nuestra lengua y más allá de ella, se debe en buena medida a una red amplia y diversa de librerías. Son librerías que seleccionan cuidadosamente su catálogo, lo acercan a sus lectores en cada ciudad, en cada pueblo, y sostienen un sinfín de actividades culturales. Esa red es la que hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y son esas editoriales las que publican a los nuevos autores y autoras".El documento también habla de la experiencia internacional que "desmiente la promesa oficial. Donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron. En Suiza, el estudio que encargó la Secretaría de Estado de Economía tras la derogación de 2007 no halló cambios significativos en los precios. En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que, tras la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general, pese a descuentos más amplios y profundos. Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados. Australia, que puso fin al acuerdo de precio fijo en 1972, vio caer su red de librerías de 2.879 a 1.457 entre 2013 y 2023, y hoy discute públicamente la regulación de los precios del libro".Y concluye que "cuanto el canal librero se debilita, la pérdida se reparte: los lectores pierden un espacio de referencia y recomendación; las ciudades, uno de sus motores culturales; las editoriales, dónde mostrar y comercializar lo que publican; los libros de circulación lenta, su tiempo en el estante. Y los nuevos autores y autoras -los consagrados de mañana- donde ver sus obras publicadas y valoradas… Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse".Firman este escrito: Cámara Argentina del Libro (CAL). Cámara Argentina de Publicaciones (CAP); Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA). Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA); Cámara Argentina de Librerías Independientes;  Unión Argentina de Escritoras y Escritores (UEE); Sociedad Argentina de Escritores (SADE); Sociedad de Escritoras y Escritores de laArgentina (SEA); entre otras entidades afines.

A nivel nacional

El sector editorial a nivel nacional advierte que la medida favorecerá la concentración del mercado y pondrá en riesgo a los comercios independientes.

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Desde la Fundación El Libro manifestaron su "profunda preocupación" y señalaron que la ley no solo regula la comercialización de libros, sino que garantiza condiciones equitativas de competencia, la diversidad editorial y la supervivencia de las librerías independientes. La entidad aseguró que la derogación favorecería la concentración del mercado en manos de grandes cadenas y plataformas de venta, en detrimento de los pequeños comercios.

Representantes del sector editorial también sostienen que la desaparición del precio único afectaría especialmente a las editoriales independientes y a la circulación de obras de menor tirada o de autores emergentes. Advierten que, en un escenario de libre fijación de precios, los grandes operadores podrían ofrecer descuentos difíciles de igualar para las librerías de menor escala, reduciendo la diversidad de títulos disponibles para los lectores.

El proyecto comenzará su tratamiento parlamentario en el Senado. Mientras el Gobierno argumenta que la desregulación permitirá una mayor competencia y precios más accesibles para los consumidores, cámaras editoriales, libreros y organizaciones culturales ya anticiparon que impulsarán acciones para frenar la iniciativa y defender la continuidad del actual régimen de protección del libro y de las librerías independientes.

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Qué busca cambiar el Gobierno

El fundamento del proyecto de derogación por parte del Gobierno Nacional pretende con esta medida quitar el marco legal que protege y regula de forma integral el sector del libro por parte del Estado; desregular precios con el propósito de que cada comercio pueda fijar libremente el valor de venta al público mediante ofertas y descuentos, terminando con el precio uniforme obligatorio (según el Ministerio de Desregulación, esto fomenta la competencia y facilita el acceso a los ejemplares).

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