Fiscalía reformula cargos en caso de femicidio en Tucumán

La Fiscalía ha decidido reformular los cargos contra Felipe Sosa, mientras que Justina Gordillo, Nicolás Navarro y Jorge Díaz enfrentan acusaciones por encubrimiento agravado en el caso del femicidio de Érika Antonella Álvarez.

El 26 de junio de 2026, se celebró una audiencia clave para la reformulación de cargos en la investigación sobre el femicidio de Érika Antonella Álvarez, ocurrido el 7 de enero de este año. Este caso es supervisado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo y la representación de la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma.

Durante la audiencia, la fiscal expresó que la solicitud de reformulación de cargos no implicaba cambios significativos en las imputaciones, sino ajustes basados en evidencias recopiladas, que permiten esclarecer diversas circunstancias del caso. Se mantuvieron las calificaciones y el grado de participación de los imputados.

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"Vamos a quitar la intervención de otras personas en el femicidio y una modificación en el horario", indicó la fiscal. A pesar de la modificación, se ratificó que Sosa sigue siendo considerado el autor del crimen, mientras que se descartó la participación de otros individuos con distintos grados de implicación.

Felipe Sosa enfrenta acusaciones por femicidio, mientras que Justina Gordillo está imputada por encubrimiento agravado, debido a su rol como funcionaria pública y su intención de lucro personal. Además, Jorge Orlando Díaz y Nicolás Navarro también son acusados de encubrimiento en relación con el caso.

El 7 de enero de 2026, Érika Antonella Álvarez salió de su hogar en San Miguel de Tucumán hacia la residencia de Sosa, donde se produjo el ataque que resultó en su muerte. Sosa utilizó una relación de poder y sometimiento para agredir a Álvarez, causándole severas lesiones que llevaron a su deceso.

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Gordillo, quien mantuvo contacto frecuente con Sosa, colaboró activamente en el ocultamiento del cuerpo y la eliminación de pruebas, incluyendo el teléfono celular de la víctima. Por su parte, Navarro y Díaz también desempeñaron roles en el encubrimiento, ayudando a Sosa a evadir la justicia tras el crimen.

Las decisiones de la Fiscalía marcan un avance significativo en el proceso judicial, en un contexto donde el femicidio y la violencia de género son temas de creciente preocupación y atención en Argentina.

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