Fuerte rechazo: la durísima advertencia de los cardiólogos al proyecto de Milei contra el Etiquetado Frontal

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) cuestionó el proyecto que el gobierno nacional envió al Congreso para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Etiquetado Frontal.Los profesionales de la salud advirtieron que es "fundamental" preservar el sistema de etiquetado frontal, ya que es una "herramienta clave" para la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la promoción de hábitos alimentarios saludables en la población.

Según la SAC, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la Argentina y el mundo. La evidencia demostró de manera contundente que "una alimentación caracterizada por un elevado consumo de productos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías contribuye al desarrollo de obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica".

Para los especialistas, el sistema de los sellos negros octogonales constituye "una herramienta de salud pública que permite a los consumidores identificar de forma rápida, sencilla y clara aquellos productos cuyo consumo frecuente puede incrementar el riesgo cardiometabólico". Es decir, que la Ley de Etiquetado Frontal "facilita las decisiones de compra más informadas y promueve una mayor conciencia" sobre la calidad nutricional de los alimentos disponibles en el mercado. En este sentido, las políticas sanitarias modernas deben apuntar a "fortalecer las herramientas de prevención y no a reducirlas".

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Asimismo, la eventual derogación no sólo afectaría el etiquetado frontal, sino también "a otros componentes relevantes para la prevención cardiovascular, como la regulación de la publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes, la promoción de entornos escolares saludables y las acciones de educación alimentaria y nutricional", cuestionó la asociación.

Los expertos resaltaron que los sellos octogonales representan "una herramienta de información, educación y protección del consumidor que contribuye a generar elecciones alimentarias más saludables y a reducir la carga futura de enfermedad cardiovascular en nuestro país".

Tras presentar a fines de mayo el proyecto para derogar la normativa,el Ejecutivo aseguró que la norma vigente presenta "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que justifican su revisión integral y afirmó que el modelo de perfil de nutrientes adoptado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplicó parámetros generales "de manera homogénea sobre matrices alimentarias diferentes", lo que habría generado confusión en los consumidores.

El texto oficial advirtió que el sistema vigente puede inducir a "interpretaciones simplificadas o poco precisas" respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos. También señaló que la metodología de cálculo basada en porcentajes energéticos produjo "resultados técnicamente inconsistentes o desproporcionados". Otro argumento de Nación es que la estructura binaria de advertencias redujo los incentivos para la reformulación gradual de productos, dificultando reflejar mejoras parciales.

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Desde la perspectiva cardiovascular, la prevención debe comenzar mucho antes de la aparición de la enfermedad. La exposición sostenida desde edades tempranas a alimentos con alto contenido de azúcares, grasas y sodio "favorece la aparición progresiva de factores de riesgo que, años más tarde, se traducen en infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y  enfermedad vascular periférica".

También se apoyaron en la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y múltiples sociedades científicas internacionales que coinciden en señalar que las políticas públicas destinadas a "mejorar la información nutricional y promover entornos alimentarios saludables" constituyen una de "las estrategias más costo-efectivas para reducir la carga de enfermedad cardiovascular en la población".

La SAC también reconoció que, si bien todo sistema regulatorio es perfectible y debe ser evaluado a la luz de nueva evidencia científica, "la discusión sobre posibles mejoras no debe confundirse con la eliminación de una herramienta que cumple un rol preventivo fundamental". Aunque la revisión de aspectos técnicos específicos "puede enriquecer la política pública, pero no debería implicar un retroceso en el derecho de la población a recibir información clara y visible sobre los productos que consume".

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