Incertidumbre en Tierra del Fuego por la crisis metalúrgica

Mundo Gremial.- El entramado productivo de la provincia de Tierra del Fuego atraviesa uno de sus ciclos más complejos y regresivos de las últimas décadas. La recesión económica y los cambios en la política de importaciones del gobierno nacional impactan de lleno en la cadena productiva regional y aumenta la incertidumbre en particular para las familias metalúrgicas de la isla. En los últimos días, la seccional de Río Grande de la UOM estuvo al frente de las gestiones administrativas y judiciales para frenar la sangría de puestos de trabajo en Mirgor, que amenaza con paralizar las terminales australes.

Conciliación obligatoria frena despidos en Mirgor

El domingo al mediodía, la autoridad laboral de la provincia intervino de urgencia ante la confirmación de que el Grupo Mirgor había iniciado, de manera unilateral, el envío de telegramas de desvinculación a sus operarios de planta. La cartera nacional dispuso el dictado de la conciliación obligatoria, una medida que congela temporalmente las cesantías en las cuatro razones sociales del holding tecnológico y automotriz, obligando a retrotraer las desvinculaciones al inicio del conflicto por un lapso legal determinado.

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La avanzada de la multinacional había sido denunciada en pleno desarrollo de una huelga de 24 horas. Según el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Río Grande, Oscar Martínez, las primeras bajas confirmadas oscilaron entre 20 y 30 trabajadores bajo la modalidad de contratación efectiva. No obstante, el gremio alertó que el plan de ajuste de Mirgor contempla desvincular inicialmente a unos 100 operarios de planta permanente, extendiendo la incertidumbre al personal amparado bajo el régimen de Prestación Permanente Discontinua (PPD). En los peores pronósticos barajados por la firma, las bajas totales en el corto plazo podrían escalar hasta alcanzar los 300 puestos de trabajo en riesgo.

Frente a la tregua forzada por la conciliación, el cuerpo de delegados formalizó sus requerimientos ante las dependencias laborales. Las bases rechazan lo que catalogan como un intento de «flexibilización encubierta», acusando a Mirgor de pretender condicionar la estabilidad de los planteles remanentes a cambio de convalidar modificaciones regresivas en las condiciones del convenio colectivo de trabajo de la actividad.

La tensión a nivel local se potencia, además, por un enrarecido clima nacional: un juez federal autorizó de manera expresa al interventor judicial de la UOM nacional, Alberto Biglieri, a discutir salarios en paritarias, una prerrogativa que cosechó el rechazo absoluto en Río Grande.

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La situación en Aires del Sur: inventario, changas y el reclamo a la ANSES

De manera paralela, la subsistencia diaria se transformó en el único sustento para los trabajadores de la planta Aires del Sur (ADS). Tras la oficialización de la quiebra de la firma, fabricante de equipos de climatización bajo las licencias de las marcas Electra y Fedders, 140 operarios metalúrgicos quedaron formalmente despedidos.

La caída de la firma se precipitó por una asfixia financiera irreversible originada a fines de 2023, cuando las tasas de interés locales del 25% y 30% anual pulverizaron un modelo basado en la preventa y el descuento de cheques. El colapso sepultó sucesivas alternativas de salvataje, incluyendo una inyección fallida de 5 millones de dólares por parte del gigante asiático Chigo Group y un plan de Continuidad Productiva Controlada que el tribunal comercial interviniente rechazó de plano el pasado 19 de febrero. Asimismo, en el sector persisten sospechas de los damnificados respecto de maniobras de vaciamiento deliberado previas al recambio de autoridades corporativas.

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Actualmente, un grupo de operarios sostiene la permanencia en las instalaciones realizando tareas preventivas de inventariado y mantenimiento técnico de las líneas. El delegado de la planta, Maximiliano Uriona, precisó que esperan con urgencia que el juez a cargo de la causa, el Dr. Horacio Boccardo, firme una resolución favorable para activar un acuerdo de contratación por seis meses con la firma Athuel. El horizonte definitivo que persigue la comisión interna es lograr sostener la continuidad productiva provisional mientras se concreta la venta total de la unidad con los trabajadores adentro.

Uriona explicó que los productos terminados, materiales, repuestos y scrap contabilizados en los depósitos de la fábrica (tasada en más de 15 millones de dólares) quedarán a disposición de la sindicatura para su posterior subasta o remate, remarcando de forma taxativa que, por ley, esos recursos pertenecen al conjunto de los 147 trabajadores que integran el padrón de damnificados.

El plano social en las familias de Aires del Sur exhibe una extrema vulnerabilidad material. Al desgaste natural de meses de parálisis y a la falta de cobro de salarios adeudados se sumó un factor imprevisto: la quita discrecional de las asignaciones familiares ejecutada por la ANSES. El delegado gremial denunció penalmente este corte de beneficios de seguridad social en el mes de abril, exigiendo que el organismo previsional reconozca su error y restituya los pagos que daban sustento mínimo a los hijos de los operarios, con o sin discapacidad.

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Ante la falta de recursos internos, la organización interna apeló a la empatía mutua entre trabajadores, entendiendo que muchos deben salir a buscar changas diarias para pagar alquileres y garantizar el alimento básico, mientras otros continúan las gestiones judiciales.

Un régimen bajo la lupa de la apertura comercial

La crisis laboral que hoy jaquea a las plantas de Río Grande se enmarca en un debate de fondo respecto de la sustentabilidad del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, andamiaje legal de exenciones impositivas vigente desde el año 1972. Recientemente, el Banco Mundial sumó presión internacional al calificar al sistema promocional como «un caso de política industrial fallida» en sus informes para la región, estimando su costo fiscal en unos 1.070 millones de dólares anuales hasta el ciclo 2023.

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Para la conducción regional de la UOM, este cuestionamiento técnico sirvió de base para un cambio radical en la política económica nacional llevado a cabo por la administración de Javier Milei. La eliminación total de los aranceles impositivos a la importación de productos tecnológicos, bienes de informática y telefonía celular deterioró profundamente la competitividad de las fábricas radicadas en el punto más austral del país. Desde la perspectiva sindical, los despidos en masa en el Grupo Mirgor y la quiebra terminal de Aires del Sur no constituyen hechos aislados, sino los síntomas directos de un modelo de apertura comercial indiscriminada que pone en riesgo la continuidad de miles de puestos de trabajo industriales en la provincia.

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