Investigan a un empresario tucumano por una presunta estafa millonaria con damnificados en Santiago

La Justicia tucumana avanza sobre un empresario acusado de captar inversiones con la promesa de altas ganancias mensuales. Entre las víctimas habría santiagueños que habrían entregado importantes sumas de dinero antes de que comenzaran los incumplimientos.

La Justicia de Tucumán investiga una presunta estafa millonaria que también tendría damnificados en Santiago del Estero, en el marco de una causa iniciada contra un empresario tucumano acusado de captar dinero mediante una operatoria que es analizada como un posible esquema fraudulento.

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El expediente es llevado adelante por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 2 de la Capital tucumana, donde se acumulan denuncias contra un empresario de apellido Alderete, propietario de la firma LeBron Suplementos, por el presunto delito de estafa.

Según surge de la denuncia y de los testimonios incorporados a la causa, el acusado habría ofrecido a particulares la posibilidad de invertir dinero en una supuesta financiera, con la promesa de obtener elevados rendimientos mensuales. En una primera etapa, de acuerdo con los denunciantes, los pagos se habrían realizado con normalidad, lo que generó confianza entre los inversores.

Ese cumplimiento inicial habría sido clave para sostener la operatoria. Los denunciantes indicaron que el empresario entregaba pagarés y aseguraba que el dinero estaba respaldado por distintas actividades comerciales, lo que habría motivado a varias personas a reinvertir sus ganancias e incluso a sumar nuevos aportantes.

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Con el paso del tiempo, siempre según los relatos incorporados al expediente, comenzaron las demoras en los pagos y luego los incumplimientos. Ante los reclamos de los inversores, el acusado habría enviado comprobantes de transferencias bancarias que no se acreditaban en las cuentas de las víctimas y que ahora son analizados dentro de la investigación.

Entre quienes impulsan la denuncia aparecen referentes del rubro fitness, quienes aseguraron haber sufrido pérdidas millonarias. Una de las denunciantes sostuvo que, hasta el momento, habría al menos 13 damnificados en Tucumán y cerca de 10 en Santiago del Estero, aunque no descartó que el número pueda aumentar a medida que avance la causa.

La mujer relató además que, junto a su pareja, llegó a vender propiedades y vehículos para colocar dinero en la operatoria ofrecida por el empresario, convencida por la rentabilidad prometida. Según su testimonio, las pérdidas que sufrieron superarían los 100 millones de pesos.

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Otro de los puntos que forma parte de la pesquisa es la forma en que el acusado habría justificado los retrasos en los pagos. De acuerdo con la denuncia, ante los reclamos habría señalado que tenía inconvenientes por supuestos contenedores con aparatos de gimnasio importados desde China, que se encontraban demorados en la Aduana.

La investigación apunta a determinar si la maniobra funcionaba como un presunto esquema Ponzi, una modalidad de fraude financiero en la que los pagos a los primeros inversores se sostienen con el dinero aportado por nuevos participantes. Este tipo de mecanismo suele colapsar cuando deja de ingresar capital suficiente para cubrir las obligaciones asumidas.

Por el momento, la Justicia tucumana avanza con la unificación de denuncias y el análisis de la documentación presentada por las personas afectadas. El objetivo es establecer el alcance real de la operatoria, el monto total del perjuicio económico y la cantidad definitiva de damnificados.

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En paralelo, los investigadores también pusieron la atención sobre el perfil público del empresario, quien exhibía en redes sociales viajes al exterior, estadías en hoteles y publicaciones vinculadas a un estilo de vida ostentoso. Ese material podría ser incorporado al expediente como parte del análisis patrimonial y de contexto.

De acuerdo con las fuentes consultadas, entre las víctimas habría vecinos de Santiago del Estero que habrían invertido importantes sumas de dinero atraídos por la promesa de ganancias elevadas. Sin embargo, el número final de damnificados y el monto total de la presunta maniobra deberán ser determinados por la Justicia a medida que avance la investigación.

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