La deuda educativa argentina no es de diagnóstico, sino de acción

Sabemos qué falla, pero no logramos corregirlo. Los resultados de PISA vuelven a mostrar el rezago de la Argentina frente a los países desarrollados y también dentro de la región. El problema ya no pasa por medir la crisis educativa, sino por transformar esa evidencia en políticas sostenidas dentro del aula.

Por Federico Vacalebre, en diario ÁmbitoHay indicadores económicos que se leen en tiempo real y otros que solo revelan su verdadera dimensión con el paso de las décadas. La calidad educativa pertenece a este segundo grupo, y por eso mismo tiende a quedar relegada en el debate público, siempre dominado por la urgencia de la inflación, el dólar o la actividad del mes. Sin embargo, pocos datos anticipan con tanta claridad el futuro productivo de un país como el rendimiento de sus estudiantes. Los resultados de la prueba PISA, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos aplica cada tres años a jóvenes de 15 años en matemática, lectura y ciencia, ofrecen una radiografía incómoda de dónde está parada la Argentina en esa carrera de largo plazo.

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El número que resume el cuadro es contundente. En la evaluación de 2022, la última disponible, Argentina obtuvo un promedio de 395 puntos, unos 83 por debajo de la media de la OCDE, que se ubica en 478. Esa distancia no es una abstracción estadística, ya que la propia metodología de la prueba la asocia al equivalente de varios años de escolaridad. Dicho de otro modo, un adolescente argentino promedio llega a los 15 años con un rezago de aprendizaje de años enteros respecto de un par que estudia en los países más desarrollados. En la comparación regional, el panorama tampoco ofrece consuelo, ya que el país ocupa el octavo lugar en matemática dentro de América Latina, detrás de Chile, Uruguay, México, Perú, Costa Rica y Colombia, y apenas por encima de Brasil.

El liderazgo global en esta materia tiene una geografía muy definida. Japón, con 533 puntos, y Corea del Sur, con 523, encabezan el desempeño internacional con una ventaja considerable sobre el resto. Detrás aparece un grupo de países desarrollados que orbitan entre los 480 y los 510 puntos, integrado por Canadá, Suiza, Australia, Estados Unidos, Suecia, Alemania y varias naciones europeas más. Lo que distingue a los que están arriba no es un secreto inalcanzable, sino una constante que se repite en todos los casos: la existencia de instituciones que sostienen en el tiempo una cultura de exigencia y de medición, y que utilizan los resultados de esas mediciones para recalibrar qué se enseña y cómo se enseña.

El caso de las dos potencias asiáticas es ilustrativo. Tanto Japón como Corea del Sur vienen desde hace años desplazando el eje de sus sistemas educativos desde la pura memorización hacia el pensamiento crítico, y lo hacen apoyándose en la evidencia que arrojan sus propias evaluaciones. Canadá, por su parte, demuestra que ni siquiera hace falta un ministerio nacional centralizado para lograrlo. Aunque cada una de sus provincias gestiona su propio sistema sin un currículo único, el país sostiene desde hace casi seis décadas un consejo que coordina a las jurisdicciones y aplica una evaluación comparable entre regiones, lo que le permite saber con precisión dónde está cada una sin imponer una autoridad central sobre los contenidos.

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Dentro de la Argentina, el promedio nacional esconde diferencias internas que conviene no pasar por alto, porque hablar de la educación argentina como si fuera un bloque homogéneo es una simplificación que oculta realidades muy dispares. En la evaluación de 2022, tres jurisdicciones participaron con una muestra ampliada propia, y los resultados fueron reveladores. La Ciudad de Buenos Aires se ubicó muy por encima de la media nacional, con desempeños cercanos a los de países europeos de la mitad superior de la tabla. Córdoba también superó con claridad el promedio del país en las tres áreas. Mendoza, en cambio, se mantuvo prácticamente alineada con la media nacional. Esa brecha entre distritos de un mismo país es, en sí misma, una muestra de que las capacidades institucionales y las decisiones de política educativa marcan diferencias concretas y medibles.

Ahora bien, el dato más preocupante de todos no es el puntaje promedio, sino la proporción de estudiantes que ni siquiera alcanza el umbral mínimo de competencias. En la Argentina, menos de un tercio de los alumnos llega al nivel básico en matemática. Esto significa que la mayoría de los jóvenes cumple quince años sin las herramientas fundamentales para comprender problemas simples, aplicar conceptos elementales o sostener aprendizajes más complejos en la escuela secundaria.

No se trata de una cuestión de posiciones en una tabla, sino de un punto de partida débil que condiciona trayectorias educativas enteras y, con ellas, las oportunidades de empleo, de ingresos y de movilidad social en la vida adulta. Un país que no garantiza esos aprendizajes básicos está, en los hechos, hipotecando su capacidad futura de producir, innovar y crecer.

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Las diferencias internas también marcan el problemaAquí conviene detenerse en un punto que suele malinterpretarse. El problema argentino no es la falta de diagnóstico. El país mide su calidad educativa, participa de las evaluaciones internacionales y cuenta además con su propio operativo nacional, conocido como Aprender. Sabemos, con bastante precisión, qué tan lejos estamos y en qué áreas. La dificultad no aparece en la etapa de la medición, sino en la que viene después: la traducción de esa evidencia en cambios sostenidos dentro del aula. Y es precisamente en ese eslabón donde el sistema educativo argentino acumula sus mayores debilidades.

Esas debilidades son estructurales y se refuerzan entre sí. Hay una altísima concentración del gasto educativo en salarios, lo que deja escaso margen para la inversión pedagógica sostenida en materiales, infraestructura y capacitación. Existe una estructura federal fragmentada en veinticuatro jurisdicciones con capacidades y criterios muy heterogéneos, que dificulta cualquier política de alcance nacional. La carrera docente está construida fundamentalmente sobre la antigüedad y no sobre el desempeño en el aula, lo que debilita los incentivos a la mejora. Y la formación inicial de los maestros llega, en muchos casos, débil y poco conectada con la práctica real de la enseñanza. A todo ello se suma un contexto social más adverso que el de los países con los que solemos compararnos, lo que amplifica las dificultades de aprendizaje en lugar de compensarlas.

La conclusión que se impone es tan sencilla de enunciar como difícil de ejecutar. La diferencia entre los países que lideran y los que quedan rezagados no está, en el fondo, en cuánto saben sobre su propia educación, sino en qué tan capaces son de hacer algo con ese conocimiento.

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Argentina tiene el diagnóstico, tiene las herramientas de medición y hasta tiene ejemplos internos, como la Ciudad de Buenos Aires o Córdoba, de que se puede estar por encima de la media. Lo que falta es la capacidad institucional para convertir esa evidencia en decisiones y esas decisiones en mejoras observables y sostenidas. Mientras esa brecha entre el saber y el hacer persista, la deuda educativa seguirá creciendo en silencio, y su factura, aunque hoy no aparezca en ningún indicador de coyuntura, la terminará pagando el desarrollo argentino de las próximas décadas.

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