La educación como servicio público esencial | Diario del Fin del Mundo

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l bloque La Libertad Avanza presentó en la Legislatura de Tierra del Fuego un proyecto para declarar la educación como servicio público esencial y garantizar la continuidad de las clases durante paros, asambleas, desobligaciones y otras medidas sindicales.

La propuesta establece que cada establecimiento deberá mantener, como mínimo, el 75% de su prestación habitual. El porcentaje tendrá que cumplirse por escuela y turno, sin posibilidad de calcularlo mediante promedios generales del sistema. Ninguna institución podrá permanecer completamente cerrada como consecuencia de una medida de fuerza.

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El régimen alcanza a los establecimientos públicos y privados incorporados al sistema educativo provincial y comprende los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario, además de las instituciones experimentales y todas las modalidades reconocidas por la legislación vigente.

El proyecto, impulsado por los legisladores Natalia Gracianía y Luciano Selzer, se fundamenta en la obligación del Estado provincial de garantizar el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Sus autores sostienen que las interrupciones del calendario escolar afectan la continuidad pedagógica, profundizan las desigualdades y alteran la organización cotidiana de las familias.

Entre sus fundamentos aparecen la Constitución Nacional, la Constitución fueguina, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales de Educación y de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. También se citan los artículos 57 y 58 de la Constitución provincial, que reconocen la educación como un derecho fundamental y una responsabilidad indelegable del Estado.

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Aviso anticipado y organización escolar

Los sindicatos que convoquen una medida deberán comunicarla al Gobierno con una anticipación mínima de 72 horas hábiles. El aviso tendrá que precisar la fecha de inicio, la duración, la modalidad y los establecimientos alcanzados.

También deberán informar el personal destinado a cubrir la prestación mínima, designar un interlocutor institucional y comunicar cualquier cambio en el alcance de la medida.

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Cada escuela, por su parte, tendrá que informar a las familias con al menos 48 horas de anticipación. La comunicación deberá detallar los cursos con actividad, los turnos habilitados y los servicios disponibles.

El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación. Tendrá a su cargo la organización de los recursos humanos, la coordinación con directivos y supervisores y la verificación del porcentaje mínimo. Además, deberá implementar protocolos para asegurar la apertura de las instituciones, el dictado de clases y los servicios complementarios.

Esos lineamientos formarán parte de un Plan Provincial de Continuidad del Servicio Educativo, que deberá actualizarse anualmente.

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Recuperación y protección del personal

Cuando las interrupciones impidan alcanzar la carga horaria anual fijada por el Consejo Federal de Educación, el Ministerio deberá aprobar un cronograma obligatorio de recuperación de clases y contenidos.

La recuperación tendrá que concretarse dentro del mismo ciclo lectivo. Sólo podrá trasladarse al año siguiente por circunstancias excepcionales y mediante una resolución fundada. El objetivo no será únicamente completar las horas exigidas, sino también garantizar el abordaje de los contenidos prioritarios.

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Otro eje es la protección de docentes y trabajadores no docentes que decidan continuar prestando servicios. El texto prohíbe represalias, hostigamientos, intimidaciones, escraches, discriminación y perjuicios en la carrera laboral, los puntajes, el orden de mérito o la carga horaria.

Para recibir denuncias, Educación deberá habilitar un canal confidencial. El Poder Ejecutivo también tendrá que garantizar el acceso de trabajadores, estudiantes y familias. La propuesta prohíbe bloqueos, ocupaciones, cierres forzados y acciones que impidan el funcionamiento mínimo de las escuelas.

Registro y controles públicos

El proyecto crea un Registro Público Provincial de Días Efectivos de Clase. La información deberá actualizarse mensualmente y detallar, por establecimiento, las jornadas previstas y cumplidas, los días afectados por medidas sindicales y los cronogramas de recuperación.

El Ministerio publicará además informes trimestrales sobre las medidas adoptadas, las clases recuperadas y el cumplimiento de la prestación mínima. Cada seis meses deberá remitir un reporte a la Legislatura.

Cuando se detecte un incumplimiento, la autoridad confeccionará un acta con el porcentaje de funcionamiento y el personal presente y ausente. Luego podrá ordenar su regularización y remitir las actuaciones a la Secretaría de Trabajo.

Un debate con antecedentes

La iniciativa no inaugura la discusión en Tierra del Fuego. A fines de 2018, madres de estudiantes presentaron una propuesta para modificar la Ley Provincial de Educación 1018 y declarar la educación como "servicio público de importancia trascendental".

En septiembre de 2025, otro grupo de familias impulsó el proyecto "Educación como Servicio Esencial en la Provincia de Tierra del Fuego". La propuesta comprendía los niveles inicial, primario y secundario y encomendaba al Ministerio garantizar al menos el 50% de las jornadas escolares mensuales.

Aquel texto contemplaba interrupciones por conflictos sindicales, emergencias sanitarias, fenómenos climáticos y otras circunstancias. También preveía la continuidad de los comedores, el acceso a plataformas virtuales y la entrega de materiales impresos.

En la apertura de sesiones de 2025, el gobernador Gustavo Melella también expresó su intención de considerar la educación como servicio esencial dentro de una reforma integral del Estado.

En el Congreso hubo iniciativas promovidas por representantes fueguinos. El senador Pablo Blanco presentó durante la pandemia un proyecto nacional y volvió a impulsarlo en 2023. En 2024, el diputado Santiago Pauli participó del debate de una propuesta similar. Esos antecedentes corresponden al ámbito nacional y no a la Legislatura provincial.

La discusión se desarrolla ahora bajo un nuevo marco. La Ley nacional 27.802, de Modernización Laboral, incluyó el cuidado de menores y la educación preescolar, primaria, secundaria y especial entre los servicios esenciales, con una cobertura mínima del 75% durante los conflictos colectivos.

Esa calificación ya rige en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que el proyecto en cuestión apunta a complementarla con un régimen local específico para organizar la prestación, recuperar clases, informar a las familias y controlar sus resultados.

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