La Justicia de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

El expresidente fue acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos por su presunta participación en las protestas y bloqueos de rutas que sacudieron al país entre mayo y junio. También enfrenta otra causa por trata agravada de personas.

La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras que se desarrollaron entre mayo y junio de este año.

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La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar e incluye además los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Según la investigación, Morales habría tenido un rol en las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Tras conocerse la decisión judicial, el exmandatario rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su actividad política. "No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", expresó.

Las protestas se extendieron durante siete semanas y fueron impulsadas por sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de grupos afines a Morales. Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas regiones del país, dejaron al menos 16 muertos —13 de ellos por la falta de atención médica oportuna— y ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares, según datos oficiales.

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La denuncia fue presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y luego sumó el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. En la causa también fueron incluidos el dirigente de la COB, Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, quien permanece detenido preventivamente desde el 6 de julio en el marco de otra investigación relacionada con los mismos hechos.

Morales negó haber impulsado un intento de forzar la salida del presidente Paz y sostuvo que las movilizaciones buscaban que el Gobierno atendiera los reclamos de los sectores que participaron de las protestas. Sin embargo, el pasado 24 de mayo publicó en la red social X que el mandatario solo tenía "dos caminos": militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.

El expresidente permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde es custodiado por seguidores que buscan impedir su detención. Allí también pesa sobre él otra orden de captura por una causa de trata agravada de personas, en la que se lo investiga por su presunta relación con una menor de edad con la que habría tenido una hija durante su mandato. Mientras tanto, la Policía boliviana sostiene que aguarda el momento adecuado para ejecutar las órdenes judiciales en su contra.

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