La lupa sobre Manuel Adorni: gastos por $139 millones y una red de "presta-tarjetas", bajo investigación

Resumen para apurados

La situación patrimonial de Manuel Adorni pasó de ser una serie de sospechas mediáticas a un expediente judicial sólido por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita puso el foco en una cifra que no cierra: entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, el entonces vocero y posterior jefe de Gabinete registró consumos con tarjetas de crédito por $139.110.716.

El dato alarmante para los investigadores es que, durante gran parte de ese período, el nivel de vida de Adorni superó ampliamente los ingresos declarados por su función pública.

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La reconstrucción financiera realizada por la fiscalía reveló una evolución llamativa en el perfil de gastos del funcionario. Antes de su llegada al Gobierno, los registros bancarios de Adorni mostraban compras habituales y financiadas en cuotas.

Sin embargo, una vez en el poder, el volumen de operaciones se disparó. Aparecieron consumos de alto valor, gastos en el exterior y una solvencia para cancelar resúmenes mediante débitos automáticos sin ningún tipo de mora.

Hasta finales de 2025, Adorni percibía un sueldo bruto de aproximadamente $3,5 millones, cifra que ascendió a $7,6 millones con su promoción a la Jefatura de Gabinete. No obstante, el ritmo de gasto de $139 millones en 28 meses -un promedio cercano a los $5 millones mensuales solo en tarjetas- planteó una inconsistencia difícil de explicar con sus haberes netos.

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A este escenario se sumó una sospecha aún mayor. El pago de U$S 245.000 en efectivo destinados a la refacción de su propiedad en el club de campo Indio Cua.

Uno de los puntos más oscuros de la causa es la presunta utilización de empleados subalternos para canalizar compras privadas. Según la investigación, Adorni habría solicitado a sus colaboradores que utilizaran sus propias tarjetas de crédito para adquirir bienes personales, reintegrándoles luego el dinero en efectivo.

Esta maniobra, que la Justicia busca determinar si fue un intento de ocultar el rastro de sus gastos, involucra a funcionarios clave de su entorno.

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Entre los testimonios más comprometedores figura el de Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales, quien confirmó que le "prestó" su tarjeta a Adorni para la compra de un monitor "gamer" valuado en más de $2,1 millones. En la misma línea, la Justicia citó a Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería, tras hallar una factura a su nombre por más de $8 millones en ropa de cama y blanquería de alta gama, cuyo destino final fue la casa del funcionario.

También está bajo la lupa Luis Enrique Aluju, otro colaborador que habría financiado la compra de proyectores 4K de última tecnología para videojuegos mediante el uso de dos tarjetas personales.

Tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal, el fiscal Pollicita se encuentra en la etapa final del procesamiento de datos para emitir un requerimiento de justificación patrimonial a principios de agosto.

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En los delitos de enriquecimiento ilícito, la figura legal invierte la carga de la prueba: es el imputado quien debe demostrar fehacientemente que los fondos utilizados para su nivel de consumo y sus propiedades provienen de fuentes legítimas y declaradas.

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