LA NUEVA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS: 60 Años de la Mayor Tragedia Universitaria

Por: El Dr. Carlos Scaglione/Docente de la UNSE

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El 29 de julio de 1966 no fue solamente un ataque contra las universidades argentinas. Fue un ataque contra el futuro. La dictadura de Juan Carlos Onganía intervino las universidades nacionales, destruyó su autonomía y reprimió brutalmente a docentes, estudiantes e investigadores. La historia recordaría aquel episodio como La Noche de los Bastones Largos, pero el mayor daño no fueron los golpes de esa noche, sino las consecuencias que se extendieron durante décadas.

Centenares de científicos abandonaron el país. Se desmantelaron equipos de investigación que eran referencia en América Latina. Se interrumpieron proyectos estratégicos en matemática, física, medicina, ingeniería y tecnología. La Argentina perdió una generación de talento que terminó enriqueciendo a universidades y centros de investigación del exterior. Sesenta años después, la historia no se repite exactamente, pero vuelve a lanzar una advertencia.

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Hoy vivimos en democracia. No hay universidades ocupadas por militares ni profesores expulsados por decretos de una dictadura. Sin embargo, existe una forma distinta —y no menos eficaz— de debilitar el sistema científico: el desfinanciamiento sostenido, la pérdida del poder adquisitivo de docentes e investigadores, la paralización de proyectos, el deterioro de los organismos científicos y un discurso que presenta a la universidad pública como un gasto antes que como una inversión estratégica. Los bastones ya no son de madera. Hoy se llaman ajuste, desinversión y desprecio por el conocimiento.

El resultado vuelve a ser el mismo: miles de docentes abandonan las universidades públicas; investigadores del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del INTI y de otros organismos buscan oportunidades fuera del país; jóvenes científicos, formados durante años con recursos de todos los argentinos, hacen las valijas porque aquí ya no encuentran un horizonte para desarrollarse.

Y esa es una tragedia que trasciende cualquier discusión partidaria.

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Porque un científico no pertenece a un gobierno ni a una ideología. Pertenece al patrimonio intelectual de la Nación.

Cada investigador que emigra representa entre quince y veinte años de inversión educativa que termina beneficiando a otra economía. Cada laboratorio que cierra significa una innovación menos, una patente menos, una empresa tecnológica menos, un medicamento que no se desarrollará aquí, una solución que llegará desde el exterior y que deberemos comprar en lugar de producir.

Mientras Argentina discute si vale la pena invertir en ciencia, Estados Unidos, Alemania, Israel, Corea del Sur y China libran una verdadera competencia mundial para atraer investigadores.

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Estados Unidos consolidó buena parte de su liderazgo científico recibiendo a los grandes talentos que escapaban de las guerras, de los totalitarismos y de las crisis económicas de otros países. Alemania reconstruyó su sistema científico después del desastre provocado por el nazismo y volvió a convertir el conocimiento en uno de los motores de su economía. Israel hizo de la investigación una política de supervivencia nacional y hoy lidera la innovación en áreas estratégicas. Corea del Sur, devastada por la guerra hace apenas siete décadas, apostó a la educación, la ciencia y la tecnología, transformándose en una de las economías más avanzadas del planeta.

Y China constituye quizá el ejemplo más contundente.

Durante décadas envió miles de estudiantes a las mejores universidades del mundo. Luego creó las condiciones para que regresaran: financiamiento, infraestructura, estabilidad y reconocimiento social. Hoy disputa el liderazgo mundial en inteligencia artificial, biotecnología, telecomunicaciones, energía y exploración espacial. Las grandes potencias no consideran a la ciencia un gasto. La consideran una inversión estratégica.

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Saben que las guerras del siglo XXI ya no se libran únicamente con armas, sino también con conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico.

Por eso resulta incomprensible que un país como la Argentina, reconocido internacionalmente por la calidad de sus universidades públicas y por haber producido cinco premios Nobel científicos y decenas de investigadores de prestigio mundial, acepte con resignación una nueva fuga de cerebros.

La historia demuestra que ninguna nación alcanzó el desarrollo reduciendo el presupuesto universitario. Ninguna potencia mundial nació debilitando sus laboratorios. Ningún país conquistó soberanía tecnológica despreciando a quienes producen conocimiento.

Podrán discutirse los modelos económicos, el tamaño del Estado o las prioridades fiscales. Son debates legítimos en una democracia. Lo que no admite discusión es que expulsar científicos constituye una derrota nacional. No importa quién gobierne. Cuando un investigador argentino se marcha porque aquí no encuentra condiciones para trabajar, pierde mucho más que un gobierno de turno.

Pierde la Argentina. Porque el dinero puede recuperarse. Los edificios pueden reconstruirse. Las crisis económicas terminan pasando. Pero una generación de científicos dispersa por el mundo tarda décadas en recuperarse, cuando logra recuperarse.

Hace sesenta años, los bastones largos rompieron puertas, escritorios y laboratorios. Hoy los golpes son menos visibles, pero pueden ser igual de devastadores. No destruyen vidrios. Destruyen expectativas. No clausuran facultades. Vacían universidades. No encarcelan científicos. Los obligan a emigrar. Y un país que expulsa a quienes producen conocimiento mientras compra la tecnología que otros desarrollan no está simplemente aplicando un programa económico.

Está hipotecando su futuro. Porque las grandes potencias importan cerebros. Solo los países que renuncian al desarrollo se resignan a exportarlos.

Sesenta años después de la Noche de los Bastones Largos, la Argentina enfrenta una decisión histórica: aprender de aquella tragedia o repetirla con otros métodos.

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