La reforma de la Ley de Manejo del Fuego sigue en el proyecto y genera dudas por la falta de consenso

La decisión del Gobierno nacional de eliminar del proyecto el capítulo que modificaba la Ley de Tierrasno terminó con la controversia en torno a la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa que este jueves comenzará a debatir el Senado mantiene otros puntos de alto impacto, entre ellos las reformas a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, además de modificaciones vinculadas al régimen de desalojos y otros aspectos de la protección de la propiedad privada.

Fuentes parlamentarias consultadas por Nueva Rioja indicaron que, al igual que ocurrió con la extranjerización de tierras, las modificaciones al régimen de manejo del fuego tampoco contarían con el consenso suficiente para garantizar su aprobación, por lo que continúan formando parte de las negociaciones previas a la sesión.

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Uno de los aspectos centrales de la reforma es la eliminación de restricciones que hoy limitan determinados cambios en el uso de los terrenos afectados por incendios.

La legislación vigente fue diseñada para desalentar maniobras especulativas, evitando que campos incendiados puedan cambiar rápidamente de destino productivo o inmobiliario. Según los sectores que cuestionan la reforma, flexibilizar esas restricciones podría reducir una de las principales herramientas de prevención frente a incendios provocados con fines económicos.

El oficialismo sostiene, en cambio, que las modificaciones buscan eliminar limitaciones que afectan el ejercicio del derecho de propiedad y permitir que los propietarios recuperen con mayor rapidez el uso de sus inmuebles.

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Durante el debate previo a la sesión, la senadora riojana Florencia Lópezidentificó este punto como uno de los aspectos más delicados del proyecto.

"Este cambio del destino de las tierras permite que hubo un montón de incendios voluntarios de forma tal que le bajaron el precio a las tierras y después extranjeros o nacionales también les compraron por dos mangos porque le pueden cambiar el destino de esa tierra incendiada."

Para la legisladora, la modificación podría favorecer procesos especulativos sobre tierras rurales afectadas por incendios, especialmente en regiones donde el avance inmobiliario o productivo genera una fuerte presión sobre el territorio.

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Las objeciones a este capítulo no provienen únicamente del ámbito político.

El miércoles, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), integrado por las autoridades ambientales de todas las provincias, resolvió aconsejar la no aprobación de las modificaciones impulsadas sobre la legislación ambiental.

La decisión fue adoptada pese a que, horas antes, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación había solicitado formalmente aplazar el tratamiento del tema, argumentando que el proyecto seguía siendo modificado durante su trámite parlamentario.

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Para distintas fuentes consultadas por Nueva Rioja, el pronunciamiento del organismo terminó incorporando un nuevo elemento de presión sobre un proyecto que ya había sufrido la eliminación del capítulo referido a la Ley de Tierras.

El debate adquiere una importancia particular para La Rioja, una provincia que en los últimos años enfrentó reiterados incendios rurales y forestales, movilizando brigadistas, medios aéreos y organismos de emergencia para contener el avance del fuego en distintas regiones.

El caso más reciente fue el incendio forestal en la zona de Guanchín, en el departamento Chilecito, donde durante varios días trabajaron bomberos, brigadistas provinciales y nacionales, personal del Sistema Provincial de Emergencias y medios aéreos hasta lograr controlar y luego extinguir el fuego. El siniestro afectó miles de hectáreas y demandó un amplio operativo interinstitucional, reflejando la magnitud que pueden alcanzar este tipo de emergencias en la provincia.

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En ese contexto, cualquier modificación a la Ley Nacional de Manejo del Fuego trasciende el plano jurídico y adquiere una dimensión concreta para La Rioja. Mientras el Gobierno sostiene que los cambios buscan fortalecer el derecho de propiedad, los sectores que cuestionan la reforma advierten que una flexibilización de las restricciones posteriores a los incendios podría debilitar herramientas destinadas a desalentar maniobras especulativas sobre tierras afectadas por el fuego.

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