MEDIANTE UNA LEY LA RIOJA SE BLINDA CONTRA LA EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS

El gobernador Ricardo Quintela envió un proyecto de ley a la Legislatura que limita al 3% la superficie rural (provincial y departamental) sujeta a venta para extranjeros. Actualmente la cantidad de tierras provinciales vendidas a extranjeros ronda el 5%.

En un contexto de fuerte debate nacional por el proyecto del gobierno libertario que propone flexibilizar el acceso de personas y empresas extranjeras a la propiedad de tierras en el país, el gobernador Ricardo Quintela envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca fortalecer la protección del dominio rural provincial.

La iniciativa reglamenta el artículo 81 de la Constitución de La Rioja y establece límites, controles y prohibiciones para preservar el territorio, los recursos naturales y la producción local.

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Según destacó el Gobierno provincial, con este proyecto de ley «la Provincia propone consolidar un modelo basado en la defensa del territorio como un recurso estratégico para el desarrollo, la soberanía y las futuras generaciones».

La iniciativa establece un régimen integral para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras, fijando criterios claros para determinar quiénes quedan alcanzados por la norma y declarando su carácter de orden público e interés provincial estratégico.

Entre sus principales disposiciones, el proyecto limita al 3% la superficie rural que podrá encontrarse en manos extranjeras tanto a nivel provincial como departamental, e incorpora además un límite por nacionalidad para evitar procesos de concentración territorial.

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Hay que destacar que actualmente a nivel nacional (pero que alcanza a las provincias y los municipios) el porcentaje tope de tierras que pueden estar en manos extranjeras es del 15%.

A su vez, el proyecto prohíbe expresamente que personas o empresas extranjeras puedan adquirir, alquilar o acceder mediante concesiones a tierras ubicadas en franjas de seguridad de frontera, inmuebles que contengan ríos, acuíferos, nacientes o zonas de recarga hídrica, áreas naturales protegidas, reservas de biósfera, parques provinciales, zonas declaradas en emergencia ambiental, sitios arqueológicos y culturales, tierras destinadas a la agricultura familiar, programas de colonización estatal y espacios reservados para infraestructura pública o definidos como estratégicos por ley.

Como parte del sistema de control, el proyecto crea el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, que tendrá la responsabilidad de fiscalizar y mantener actualizado el dominio rural de la provincia. Además, toda operación que involucre tierras rurales y sujetos extranjeros deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación emitido por la autoridad de aplicación, condición indispensable para su validez e inscripción registral.

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La propuesta también prevé un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa, que incluye la nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, multas de hasta el cincuenta por ciento del valor fiscal del inmueble y la obligación de desinvertir o vender las tierras adquiridas irregularmente en un plazo máximo de 360 días.

Sobre este tema opinó el ministro de Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria. «Este proyecto reglamenta el artículo 81 de la Constitución Provincial. De esta manera, la Provincia, a través de una ley va a reglamentar la limitante de nuestra tierra extranjerizable y se busca bajar comparativamente ese 15% de tope actual. Esto, al tener protección constitucional significa decir 'acá no van a pasar' «, afirmó.

El funcionario destacó que, según datos del Observatorio Nacional de Tierras Rurales, en la provincia el porcentaje de tierras en manos extranjeras supera levemente el 5%. «Este dato no tiene en cuenta que el año pasado nosotros hemos recuperado el campo El Peñón que son más de 200 mil hectáreas», acotó.

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Por último, opinó sobre el frustrado intento del gobierno libertario de impulsar modificaciones a la Ley de Tierras, iniciativa que finalmente debió retirar del proyecto de Ley de Propiedad Privada que obtuvo media sanción en el Senado.

«La gente se manifestó en la calle en contra de una legislación que significaba la entrega del país, significaba comprometer nuestros recursos naturales y atentaba contra la defensa nacional», dijo.

En este sentido, sostuvo que el plan libertario era «poner los capitales mundiales acá». «El plan de negocios y entrega estaba en marcha y se profundizaba con este intento de modificar o derogar la ley de tierras que establece un porcentaje límite para que los extranjeros puedan adquirir tierras en el país. No hay país serio en el mundo que no tenga legislación limitante para los extranjeros. Era inadmisible esta modificación que querían hacer a esta ley de tierras, un atropello», completó.

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