Milei redefine el mapa judicial: un aluvión de más de 50 nombramientos

El gobierno libertario hizo oficial su redefinición del mapa judicial con más de 50 nombramientos en la Justicia, una de las mayores oleadas de designaciones de los últimos tiempos. A través de una sucesión de decretos, el Ejecutivo que comanda Javier Milei cubrió decenas de vacantes en juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y tribunales orales de todo el país. Bajo el argumento de la eficiencia, el movimiento oficialista busca imprimir una impronta propia en la estructura de los tribunales.

Entre los nombramientos más destacados se encuentra el del doctor Santos Enrique Cifuentes como Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25 de la Capital Federal, y el de la doctora Lucila Inés Córdoba como Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K. La nómina es extensa y abarca fueros sensibles como el criminal y correccional, donde fueron designados, entre otros, la doctora Laura Fabiana Kvitko (Juzgado N° 23) y el doctor Santiago Alberto Poncio (Juzgado N° 13). El alcance federal de la medida también se hizo sentir con el nombramiento del doctor Gerardo Daniel Cacace como Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa y de Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Salta.

Entre las designaciones no figura María Verónica Michelli, la jueza que fue designada por el Senado en el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata y que es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. El pliego inicialmente había sido enviado por el presidente Javier Milei al Senado, pero luego de advertir que era la cuñada del periodista intentó que no sea aprobado. Finalmente el Senado dio el visto bueno, pero el jefe de Estado no la designó por el momento.

El rediseño de la Justicia por parte de la administración libertaria fue posible gracias al aval del Senado. El cuerpo legislativo aprobó el 4 de junio los más de 74 pliegos enviados por el oficialismo con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, en una votación realizada tras un acuerdo político previo en labor parlamentaria que permitió el tratamiento conjunto de las designaciones. La decisión, que incluyó disidencias parciales dentro de distintos bloques, consolidó la designación de nuevos jueces federales y nacionales en todo el país y expuso el alineamiento mayoritario entre el oficialismo y sectores dialoguistas.

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Este proceso de nombramientos masivo, que abarca los decretos numerados desde el 492 hasta el 545, permite al Poder Ejecutivo completar casilleros críticos en el organigrama judicial bajo el respaldo del acuerdo parlamentario. La mención expresa al aval de la Cámara Alta en cada uno de los decretos confirma que los magistrados superaron las instancias de revisión política y técnica necesarias para su estabilidad en el cargo.

La multitud de designaciones no se limitó a los jueces, ya que también se oficializaron designaciones en el Ministerio Público, donde se nombraron cuatro defensores públicos y un fiscal, quienes igualmente contaron con el acuerdo del Senado para asumir sus funciones. En conjunto con la designación del nuevo vicepresidente de la Unidad de Información Financiera y la reestructuración de otras dependencias, el Estado consolidó una renovación administrativa de gran escala en una sola jornada.

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