Milei vende la ciudadanía argentina: va desde u$s 500.000 a un millón en bonos

El Gobierno de Javier Milei avanza en el diseño de un programa de ciudadanía por inversión que permitiría a extranjeros acceder al pasaporte argentino mediante un aporte económico al Estado. Según trascendió de fuentes vinculadas al proyecto, el esquema en estudio contempla dos alternativas: una contribución no reembolsable de aproximadamente 500.000 dólares o la compra de bonos soberanos sin cupón por alrededor de un millón de dólares. Aunque el Ministerio de Economía evitó realizar comentarios oficiales, el objetivo declarado en ámbitos cercanos al proyecto es sumar una fuente adicional de ingreso de divisas para afrontar compromisos financieros en los próximos años.

La propuesta se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para atraer capitales externos mediante desregulación, flexibilización normativa y señales orientadas al mercado internacional. En este caso, el instrumento elegido introduce un componente adicional: convertir el acceso a la ciudadanía en un activo asociado a una inversión económica. La administración libertaria llega a esta instancia mientras Argentina continúa sin recuperar el acceso pleno al financiamiento voluntario internacional luego de la reestructuración de deuda de 2020 y en un escenario donde los vencimientos futuros presionan sobre la necesidad de conseguir dólares. En ese contexto, el eventual programa aparece como una alternativa complementaria a las colocaciones financieras tradicionales y a la llegada de inversión extranjera directa.

De concretarse, Argentina pasaría a integrar el grupo reducido de países que ofrecen ciudadanía por inversión y sería, por escala económica y población, uno de los casos más grandes del mundo en implementar este mecanismo. El atractivo principal del programa estaría asociado al valor internacional del pasaporte argentino, que permite el ingreso sin visa a una cantidad significativa de destinos y que podría transformarse en un activo demandado por sectores de alto patrimonio.

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El esquema de los llamados "pasaportes dorados" creció durante la última década como herramienta de captación de recursos fiscales y financieros. Gobiernos de distintos países utilizaron programas de este tipo para obtener ingresos rápidos, atraer residentes de alto patrimonio o incrementar el flujo de divisas. Sin embargo, el avance de estas iniciativas también abrió cuestionamientos sobre el vínculo entre ciudadanía, residencia y capacidad económica.

Dentro del entorno que participó del diseño preliminar del programa aparecen consultoras internacionales especializadas en movilidad global y ciudadanía por inversión. Armand Arton, fundador de Arton Capital, una de las firmas que asesoró al Gobierno argentino y que ya promociona el proyecto entre potenciales interesados, sostuvo que el esquema argentino tendría una ventaja comparativa frente a otros programas existentes y señaló que la ausencia de requisitos estrictos de residencia permitiría reducir la exposición tributaria de quienes ingresen.

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Esa característica constituye uno de los elementos centrales del modelo: permitir acceso a ciudadanía sin necesidad de una integración territorial prolongada ni obligaciones fiscales extensas. En términos económicos, el atractivo para el solicitante no sería únicamente el documento argentino sino también la posibilidad de diversificar riesgos geográficos y patrimoniales.

Algunos de los países con este sistema son:

Entre los argumentos utilizados por quienes impulsan el programa aparece la idea de captar sectores acomodados de Estados Unidos y Europa interesados en contar con una alternativa ante escenarios de polarización política, cambios tributarios o tensiones internacionales. La noción de Argentina como territorio distante de focos de conflicto forma parte del posicionamiento que las consultoras comenzaron a construir alrededor del proyecto.

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En esa línea, se mencionó el caso del empresario tecnológico Peter Thiel, fundador de Palantir, quien trasladó temporalmente a su familia a Argentina. Personas vinculadas al empresario señalaron que una parte de esa decisión respondió al interés por observar de cerca las reformas económicas impulsadas por Milei. Desde el sector privado lo presentan como una señal de validación del rumbo económico y como un ejemplo del tipo de perfil internacional que podría sentirse atraído por el programa.

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La estrategia oficial también dialoga con un fenómeno que atravesó históricamente a la economía argentina: la salida de capitales y la relocalización de patrimonios locales hacia otras jurisdicciones. Durante años, empresarios y sectores de altos ingresos buscaron estructuras impositivas más previsibles o mercados financieros más profundos. El Gobierno intenta invertir esa lógica y presentar al país como receptor de patrimonios internacionales. Sin embargo, la iniciativa abrió discusiones jurídicas e institucionales incluso antes de su lanzamiento. El Gobierno modificó normas vinculadas con ciudadanía durante el último año como paso previo para habilitar el esquema, pero la medida derivó en cuestionamientos judiciales. Entre los argumentos planteados aparece que la Constitución reserva al Congreso facultades específicas sobre el régimen de ciudadanía y nacionalidad.

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La discusión excede el plano normativo y alcanza el sentido político del instrumento. Mientras los programas de residencia por inversión se expandieron en distintos países y suelen funcionar como permisos de permanencia con condiciones económicas, la ciudadanía por inversión supone un paso adicional: incorporar plenamente a una persona al cuerpo político nacional. Los antecedentes internacionales muestran trayectorias diversas. Algunos países utilizaron estos mecanismos durante años y luego retrocedieron. En Europa, la experiencia terminó enfrentando restricciones crecientes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el programa de Malta al considerar que convertía la adquisición de la nacionalidad en una transacción económica y afectaba principios vinculados con la ciudadanía europea. Antes de esa decisión, Chipre y Bulgaria ya habían abandonado esquemas similares.

También el Reino Unido eliminó su programa de residencia para inversores dentro de una estrategia orientada a reducir riesgos vinculados con lavado de activos y controles patrimoniales. Además, endureció el tratamiento migratorio hacia ciudadanos provenientes de países que mantienen programas de ciudadanía por inversión y definió esa práctica como una actividad de riesgo elevado. El caso argentino presenta una diferencia relevante respecto de esos antecedentes: no se trata de una economía pequeña dependiente de ingresos extraordinarios ni de un centro financiero internacional especializado en servicios patrimoniales. La apuesta oficial consiste en utilizar el tamaño del país, la amplitud del mercado interno, la conectividad internacional del pasaporte y la nueva orientación económica como elementos de atracción.

Desde sectores especializados en derecho migratorio aparecieron advertencias sobre el alcance de la iniciativa. Paula Carello, exfuncionaria del área de ciudadanía y especialista en inmigración, señaló que los "numerosos riesgos" vinculados con seguridad y reputación internacional podrían "superar los beneficios para un país de su tamaño y perfil". También planteó que una modificación de este tipo requiere una discusión institucional más amplia y sostuvo que "dado que afecta a aspectos centrales de la nacionalidad y la ciudadanía, resulta preocupante que una iniciativa de esta magnitud avance sin un debate político, académico e institucional más amplio".

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El trasfondo económico del proyecto vuelve sobre una cuestión estructural: cómo financiar obligaciones en moneda extranjera cuando el acceso al crédito permanece limitado y el ingreso de dólares sigue siendo una restricción recurrente. El Gobierno eligió incorporar una herramienta que convierte un atributo estatal —la ciudadanía— en un vehículo para captar recursos.

La discusión que abre el plan excede el monto que pueda recaudar. También pone en debate hasta dónde llega el proceso de redefinición del rol estatal en la estrategia económica actual y cuáles son los límites entre política migratoria, financiamiento público y valorización internacional de los activos institucionales del país.

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