Piden la pena máxima para los hermanos Schoklender y Julio de Vido

BUENOS AIRES.-  El fiscal general Diego Velasco requirió la pena máxima del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública para nueve imputados en la causa Sueños Compartidos.

La solicitud se dio en el marco del juicio oral donde se investiga el desvío de 206 millones de pesos que originalmente estaban destinados a la construcción de viviendas sociales

"Se creó un sistema de corrupción institucional a través de la manipulación y contratación", sostuvo Velasco en el marco del alegato donde pidió seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender.

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Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, el fiscal consideró que los exfuncionarios eran coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y que los hermanos Schoklender fueron partícipes necesarios.

Además, solicitó cuatro años de prisión para los exfuncionarios de Santiago del Estero Daniel y Karina Nasif junto con los exintegrantes de la Secretaría de Obras Públicas Carlos Castellano y Daniel Freidin, todos apuntados como partícipes secundarios de la maniobra.

El fiscal Velasco, junto al fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet, reclamaron un decomiso de 206 millones de pesos al considerar que se trata del piso mínimo de la maniobra. Indicaron que ese monto deberá ser actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor al momento que quede firme la sentencia.

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La jueza Adriana Palliotti, que integra el tribunal junto a los magistrados Horacio Obligado y Adrián Grunberg, comunicó que el debate seguirá el próximo 5 de agosto con el alegato de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

A lo largo de las más de diez horas de alegato, la fiscalía reconstruyó la estructura delictiva que conformaron los acusados desde 2007 hasta 2011, donde desde el Estado Nacional se estipuló que la Fundación Madres de Plaza de Mayo (FMPM) recibiera fondos de manera directa para llevar adelante obras de construcción de viviendas en distintos lugares del país. "Se ha demostrado cómo, a través de un esquema criminal pergeñado desde el Estado, se le adjudicó a la Fundación obra pública, convirtiéndola de la noche a la mañana en una de las empresas más importantes", describió el fiscal Velasco. Remarcó que "ese fin noble" que era solucionar problemas habitacionales se convirtió con el paso del tiempo en todo lo contrario. "Hubo problemas económicos en todas las jurisdicciones y una inmensa cantidad de obras quedaron abandonadas e inconclusas", repasó.

En ese sentido, mencionó que se pudo probar en la causa que la Fundación recibió extensiones de plazo "sin precedentes", que hubo una "absoluta falta de controles" y que incluso funcionó sin las certificaciones correspondientes. "Se resquebrajaron y violentaron los principios esenciales que regulan la contratación pública", recalcó el fiscal e indicó que se produjo una erogación por "cifras escandalosas" para aquel momento. "Se otorgaron más de 900 millones y se comprobó un desvío de 206 millones, dinero que nunca debían haberse entregado a la Fundación porque nunca tendrían que haberle adjudicado esas obras", reclamó.

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Explicó después que se decidió beneficiar a un privado a cambio de "su apoyo irrestricto" en lo social. "Nada era gratis, todo se pagaba y todos obtenían grandes ganancias" indicó y evidenció que no se cumplía ningún control, ni para obtener la obra ni para revisar lo que se había realizado sino que todo era "una pantalla"

El fiscal coadyuvante Argibay Molina explicó cómo los funcionarios violaron los deberes que les imponía su función llevando adelante una "adjudicación directa e irregular" que permitió que parte de esos fondos fueran sustraídos de su destino legal.

Al momento de explicar la participación necesaria de los hermanos Schoklender, consideró que llevaron adelante funciones distintas pero que tuvieron ambos un lugar clave en la maniobra criminal. En ese sentido, recordó que Sergio suscribió todos los contratos en su rol de apoderado y que, de acuerdo a los testigos, era quien llevaba adelante el día a día en la Fundación.

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En ese sentido, especificó que tuvo un beneficio personal por la maniobra y que se vio reflejado en la compra de propiedades y en el desvío de los fondos. Con respecto a su hermano Pablo, el fiscal general indicó que se incorporó a FMPM en 2007 como encargado de compras y que tenían poder que le permitía manejar las cuentas.

Incluso recordó que, cuando se conoció mediáticamente lo que estaba sucediendo y se los desvinculó de la Fundación, Pablo fue señalado como quien intentó llevar adelante un "vaciamiento" de documentación de la sede de FMPM, en junio de 2011. Enumeró, además, los gastos que tuvo durante el período investigado y que no se correspondían con los ingresos que percibía: suites de lujo en hoteles, compra de inmuebles, ingresos millonarios a su cuenta.

"Es un hecho de gran corrupción no solo por el monto sino por las estructuras administrativas involucradas, por los funcionarios y por el tiempo que duró la maniobra", recalcó el fiscal Velasco y consideró que no había, en ningún caso, algún atenuante, por lo que correspondía solicitar para todos el monto máximo de la pena prevista para ese tipo de delito: seis años.

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