Rechazan la compensación de la deuda millonaria de las distribuidoras eléctricas

Roberto Bellato

Organizaciones de usuarios rechazaron el esquema de compensación de la deuda por US$ 1.842 millones que las distribuidoras mantienen con Cammesa, la compañía que administra el despacho de energía en el país, y que forma parte del proyecto de ley que tiene media sanción en Diputados.

El proyecto de ley está dentro del paquete de medidas que el gobierno envió al Congreso, del que se destaca la eliminación de la modificación del esquema de subsidios al consumo de gas conocido como Zona Fría. Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento en el Senado. El monto de la deuda surge del último informe de Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación.

Las organizaciones agrupadas en la Comisión de Usuarios Residenciales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que presentaron el rechazo son Deuco, Aduc, Lideco, Consumidores Argentinos, Adduc, Cesyac, Consumidores Libres, Proconsumer, Adelco y Cruzada Cívica.

En rigor, cuestionan "al artículo 4° del Proyecto de Ley 3-PE-2026 denominado  "Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por considerar que el mecanismo propuesto podría consolidar un grave perjuicio económico para el Estado Nacional, los usuarios y el conjunto de los contribuyentes que se verían obligados a afrontar los costos de esta iniciativa".

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La iniciativa oficial ofrece una compensación millonaria a las casi 80 distribuidoras, subdistribuidoras, empresas provinciales y cooperativas eléctricas por las deuda acumulada con Cammesa, a quien le compran la energía que luego distribuye a los usuarios. Las mayores deudas se registran en Edesur y Edenor.

Se trata de la histórica deuda que las distribuidoras fueron acumulando desde la salida de la convertibilidad. Las compañías señalan que no se aplicaron los aumentos de tarifas previstos en el contrato de concesión.

Las organizaciones de usuarios apuntan al artículo 4 del proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei. "Se impulsa el reconocimiento mediante un procedimiento de cálculo retroactivo de supuestos ´ingresos no percibidos´ por las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur durante el período iniciado el 6 enero del 2002 y  la  vigencia de las leyes de emergencia económica y del régimen tarifario de emergencia mal llamado de ´congelamiento tarifario´.

"Sobre esa base, se crea un denominado 'activo regulatorio' multimillonario destinado a cancelar las millonarias deudas que dichas empresas mantienen con Cammesa por la compra de energía", señalan.

Si el proyecto se aprueba finalmente en el Senado, el Estado deberá realizar un cálculo para compensar a las distribuidoras por los ingresos que no percibieron por la declaración de emergencia económica luego de 2001. A excepción de las compañías que hayan renunciado al reclamo en la negociación que se abrió en 2017 sobre el mismo tema.

Luego, las distribuidoras utilizarán esos ingresos previsto en el proyecto de ley para saldar la deuda que tienen con Cammesa por la energía que en su momento no abonaron.

Las organizaciones de usuarios indicaron que, como antecedente de una resolución sobre estos reclamos, el 10 de marzo del 2019 se firmó "el Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesiones a las Jurisdicciones Locales", que (además de disponer las transferencia de los entes regulados del ámbito federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires) determinaba los activos y pasivos regulatorios de Edenor y Edesur correspondientes al periodo denominado de "transición" desde enero del 2002 hasta diciembre 2016, ya que en enero del 2017 se realizó la Revisión Tarifaria Integral, donde se fijó un sendero de aumentos de tarifas.

También destacaron "el inicio de una acción judicial de lesividad" contra ambas distribuidoras en 2021 y "que determinó que en dicho convenio se subestimaron los pasivos regulatorios de las empresas y se calcularon multas por valores sustancialmente menores a los correspondientes, lo que resultó en beneficios económicos indebidos para las concesionarias". Los organismos denuncian que esta acción de "lesividad" no está contemplada en el proyecto de ley.

Además, en el comunicado conjunto que emitieron subrayan que "corresponde aclarar que los ingresos de las distribuidoras (Valor Agregado de Distribución) constituyen una remuneración regulada ex ante, vinculada a un nivel de prestación efectiva y de calidad del servicio, no es un crédito acumulable e indemnizable ex post, de modo que no puede reconocerse retroactivamente por períodos en los que la contraprestación ya fue prestada de manera deficiente".

En 2025 el gobierno llegó a un acuerdo con las compañías para saldar la deuda con Cammesa en 72 cuotas. Este proyecto de ley otorga la posibilidad de saldar toda la deuda mediante una compensación.

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