Sin transparencia, no hay derecho a la vivienda | Diario del Fin del Mundo

Comparta esta nota por correo electrónico completando el siguiente formulario

ay decisiones del Estado que pueden corregirse con el tiempo. Otras dejan marcas durante generaciones. La adjudicación de una vivienda o de un terreno pertenece a esta última categoría. No se trata simplemente de distribuir un bien escaso: se decide quién podrá construir patrimonio, echar raíces y proyectar un futuro. Precisamente por el enorme impacto social y económico de esas decisiones, el principio rector no debería ser la discrecionalidad, sino la transparencia.

En Tierra del Fuego, sin embargo, la historia parece haber seguido un camino distinto.

También te puede interesar: La nieve llega con fuerza desde este martes | Diario del Fin del Mundo

Durante décadas, el acceso a la tierra y a la vivienda fue alejándose de procedimientos públicos, verificables y universales para quedar envuelto en un sistema donde los acuerdos políticos, sindicales, personales e institucionales terminaron ocupando un lugar demasiado importante. Con el paso del tiempo, esa lógica dejó de ser una excepción para convertirse en una percepción instalada: muchas familias comenzaron a creer que inscribirse en un registro era apenas un trámite formal, mientras que las verdaderas posibilidades de acceder a una solución habitacional dependían de pertenecer al espacio adecuado o de mantener cercanía con quienes administraban ese recurso.

La reciente condena al secretario general de ATE, Carlos Córdoba, vuelve a poner esa discusión en el centro de la escena. Más allá de las responsabilidades individuales determinadas por la Justicia, el caso expone un problema mucho más profundo: la utilización discrecional de un bien público cuya administración exige los mayores estándares de objetividad y publicidad.

Sería un error interpretar ese episodio como una anomalía aislada.

También te puede interesar: La actividad económica creció 1,6% interanual en abril | Diario del Fin del Mundo

Las mismas dudas han acompañado durante años distintos mecanismos de adjudicación de viviendas impulsados a través del Instituto Provincial de Vivienda. Los convenios firmados con organizaciones sindicales, particularmente con la UOCRA, generaron reiterados cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar beneficiarios. Nunca terminó de quedar claro bajo qué parámetros se elegía quién recibía una vivienda, mientras crecían las denuncias sobre adjudicaciones que favorecían a familiares, allegados y personas vinculadas a las conducciones gremiales.

Más preocupante aún resulta que esos mecanismos hayan desplazado, en los hechos, el sistema de inscripción pública. La igualdad de oportunidades quedó subordinada a canales paralelos de acceso donde la pertenencia a determinados sindicatos o asociaciones parecía ofrecer ventajas que el resto de los ciudadanos simplemente no tenía.

Cuando eso ocurre, el problema deja de ser administrativo.

También te puede interesar: Confirman el primer dinosaurio descubierto en la Antártida | Diario del Fin del Mundo

Se convierte en una cuestión institucional.

Porque el acceso a la vivienda deja de ser un derecho administrado mediante reglas comunes para transformarse en un beneficio cuya obtención depende de relaciones políticas, sindicales o personales. Y cuando los ciudadanos perciben que el camino más efectivo no es respetar el orden de un listado sino conseguir un aval institucional, el Estado comienza a perder uno de sus atributos más importantes: la credibilidad.

No alcanza con afirmar que las adjudicaciones fueron legales. La confianza pública exige algo más exigente que la legalidad. Exige transparencia.

También te puede interesar: Convocan a un nuevo plenario del COMUDI | Diario del Fin del Mundo

Transparencia significa que cualquier ciudadano pueda conocer cuántas viviendas existen disponibles, cuáles son los criterios objetivos de adjudicación, cómo se confeccionan los puntajes, quiénes resultan beneficiarios, por qué razones fueron seleccionados y qué lugar ocupan los demás inscriptos. Significa que las excepciones sean verdaderamente excepcionales y que toda decisión pueda ser auditada por la sociedad.

En ese sentido, resulta interesante observar el camino que recientemente decidió recorrer la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). A través de un esquema de transparencia activa incorporó la publicación sistemática de información relevante en su sitio oficial, permitiendo que los ciudadanos conozcan decisiones que antes permanecían dentro de la estructura administrativa. Ese modelo no resuelve por sí solo los problemas de gestión, pero parte de un principio esencial: cuando el Estado administra recursos sensibles, la información debe pertenecer a los ciudadanos y no exclusivamente a los funcionarios.

Ese mismo criterio debería trasladarse, sin demoras, a la política habitacional.

También te puede interesar: Se elabora mapa de riesgo de incendios forestales | Diario del Fin del Mundo

Las adjudicaciones de tierras y viviendas deberían publicarse íntegramente, junto con los listados completos de inscriptos, los puntajes, los criterios técnicos aplicados, los convenios celebrados con terceros y los fundamentos de cada resolución. Si existen acuerdos con sindicatos, cooperativas o asociaciones civiles, esos convenios deben ser públicos y el mecanismo de selección de beneficiarios debe responder a las mismas reglas que rigen para cualquier ciudadano, sin circuitos paralelos ni privilegios institucionales.

La condena vinculada a ATE y los persistentes interrogantes que rodean las adjudicaciones realizadas mediante convenios con la UOCRA y otras organizaciones sindicales o politizadas no deberían ser leídos como episodios independientes. Ambos exponen una misma debilidad estructural: la falta de transparencia en uno de los procesos más sensibles que administra el Estado.

La discusión ya no debería centrarse únicamente en quién cometió una irregularidad. La verdadera pregunta es por qué el sistema permitió durante tantos años que existieran zonas grises capaces de alimentar sospechas permanentes.

Porque la vivienda no puede depender de la cercanía con el poder.

La tierra no puede distribuirse mediante relaciones de influencia.

Y el derecho a acceder a una solución habitacional nunca debería quedar condicionado por la pertenencia a un sindicato, una organización o un espacio político.

La transparencia no es un valor accesorio de la política habitacional. Es su condición de legitimidad. Allí donde las reglas son públicas, iguales y verificables, disminuyen los privilegios y aumenta la confianza. Allí donde prevalece la opacidad, las viviendas dejan de ser una política de Estado para convertirse en una herramienta de poder.

Tierra del Fuego tiene hoy la oportunidad de transformar una sucesión de escándalos en una reforma institucional. La mejor respuesta a las irregularidades conocidas y a las sospechas que aún persisten no será otra condena judicial. Será construir un sistema donde la transparencia deje de ser una promesa y se convierta, por fin, en la única puerta de acceso a la tierra y a la vivienda.

(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.

• #provinciales
• #116647
• #sin
• #transparencia
• #hay
• #derecho
• #vivienda
• #tierra del fuego