Solicitan absolución de Marcelo Corazza en caso de corrupción

El fiscal general ha solicitado la absolución del ex Gran Hermano Marcelo Corazza, argumentando que las acusaciones han prescrito, mientras que otros cuatro imputados enfrentan severas penas de cárcel por delitos relacionados con la trata de personas.

El ex Gran Hermano, Marcelo Corazza, se encuentra a un paso de ser declarado inocente en un juicio por corrupción y trata de personas. En el marco de los alegatos presentados en los tribunales de Buenos Aires, el fiscal general Juan García Elorrio ha solicitado su absolución, argumentando que las acusaciones de abuso sexual han prescrito debido al paso del tiempo.

El fiscal García Elorrio también indicó que no se hallaron pruebas suficientes para sostener la acusación de asociación ilícita contra Corazza. Por el contrario, la situación procesal de los otros cuatro imputados es significativamente más grave, enfrentando solicitudes de penas de hasta 22 años de prisión por sus implicaciones en la red de trata.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3, compuesto por los magistrados Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni, está evaluando las solicitudes del fiscal. Para Francisco Angelotti Notarbartolo, presunto líder de la banda, se han pedido 22 años de cárcel, mientras que otros involucrados como Leandro Aguiar y Fernando Charpenet enfrentan penas de 10 a 11 años.

A pesar de la solicitud de absolución para Corazza, las querellas institucionales que representan a las víctimas mantienen la acusación original contra todos los imputados. Este caso ha suscitado un gran interés mediático, dada la notoriedad del ex concursante de reality.

La investigación se inició en octubre de 2022, a partir de una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Desde entonces, se han revelado detalles escalofriantes sobre un sistema de captación y explotación sexual de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

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La red operaba principalmente en la provincia de Misiones, reclutando a menores de entre 11 y 16 años y trasladándolos a zonas como el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires para su explotación. Las víctimas eran sometidas a manipulación psicológica y amenazas, mientras se ofrecían incentivos materiales como regalos y viajes.

Además, las investigaciones han revelado la existencia de transacciones comerciales relacionadas con el Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), lo que agrava la gravedad de los delitos. La fiscalía ha solicitado que el tribunal considere una reparación económica significativa para las víctimas, que debería ser cubierta por el patrimonio de los imputados.

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