Tras la media sanción de la Ley de Inviolabilidad, Quintela envió un proyecto para blindar las tierras rurales de La Rioja

Por Redacción NUEVA RIOJA

En un escenario nacional marcado por el debate sobre la propiedad de la tierra y luego de que el Gobierno nacional debiera retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada las reformas vinculadas a la extranjerización de tierras y a la Ley Nacional de Manejo del Fuego para conseguir la aprobación en general de la iniciativa en el Senado, el gobernador Ricardo Quintela envió este viernes a la Cámara de Diputados de La Rioja un proyecto destinado a reforzar la protección del dominio rural provincial.

La propuesta reglamenta el artículo 81 de la Constitución de La Rioja, sancionada el 22 de julio de 2024, y establece un régimen específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras, incorporando límites, prohibiciones y mecanismos de control para preservar el territorio provincial y sus recursos estratégicos.

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El envío del proyecto se produce en un contexto político atravesado por la discusión nacional sobre el acceso de extranjeros a la propiedad de la tierra. Aunque el Senado aprobó en general la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante la madrugada de este viernes, el oficialismo debió resignar dos de sus capítulos más controvertidos —la reforma de la Ley de Tierras y las modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego— al no reunir los consensos necesarios para su aprobación.

En ese marco, el Gobierno riojano decidió avanzar con una iniciativa propia que profundiza el sentido contrario: fortalecer la regulación sobre las tierras rurales y consolidar herramientas provinciales para proteger áreas consideradas estratégicas.

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que la tierra no puede ser considerada únicamente como un bien económico sujeto a las reglas del mercado, sino como un componente esencial del Estado, vinculado a la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

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Asimismo, advierte sobre los riesgos que implica la concentración de grandes extensiones en manos extranjeras, especialmente cuando se trata de zonas de frontera, fuentes de agua, acuíferos, áreas naturales protegidas o territorios de alto valor ambiental.

Con ese criterio, la iniciativa declara de orden público e interés provincial estratégico el régimen aplicable a las tierras rurales alcanzadas por la norma.

Entre las principales disposiciones, el proyecto fija un límite máximo del 3% de la superficie rural provincial que podrá encontrarse en manos de personas o empresas extranjeras, porcentaje que también deberá respetarse en cada uno de los departamentos de la provincia.

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Además, incorpora un límite por nacionalidad para impedir procesos de concentración territorial.

La iniciativa prohíbe expresamente que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir, alquilar o acceder mediante concesiones a inmuebles ubicados en franjas de seguridad de frontera, predios que contengan ríos, acuíferos, nacientes o zonas de recarga hídrica, áreas naturales protegidas, reservas de biosfera, parques provinciales, sitios arqueológicos y culturales, tierras destinadas a la agricultura familiar, programas de colonización estatal y espacios considerados estratégicos para el desarrollo provincial.

Como herramienta de fiscalización, el proyecto crea el Registro Único Provincial de Tierras Rurales, organismo que tendrá a su cargo el relevamiento permanente del dominio rural y el control de las operaciones alcanzadas por la ley.

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También establece que toda operación sobre tierras rurales en la que intervengan sujetos extranjeros deberá contar previamente con un Certificado de Habilitación, requisito indispensable para su inscripción registral.

La propuesta prevé un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento.

Entre otras medidas, dispone la nulidad absoluta de las operaciones realizadas en infracción, multas de hasta el 50% del valor fiscal del inmueble y la obligación de vender o desprenderse de las tierras adquiridas irregularmente en un plazo máximo de 360 días.

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Asimismo, ordena realizar un relevamiento obligatorio de todos los actuales titulares extranjeros de tierras rurales dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia de la futura ley.

El envío de la iniciativa también representa una definición política en medio del debate nacional.

Mientras el Gobierno nacional terminó retirando del Congreso las reformas vinculadas a la extranjerización de tierras por falta de consenso parlamentario, La Rioja decidió avanzar con un esquema propio de regulación que incorpora límites más estrictos, amplía las restricciones para el acceso a tierras rurales y pone el acento en la protección de los recursos hídricos, ambientales y territoriales considerados estratégicos para el desarrollo de la provincia.

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