Tribunal de Faltas: Balardini defendió la reforma de Chahla y cuestionó la "independencia" de los jueces

Resumen para apurados

La disputa institucional entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Tribunal de Faltas sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio Público Fiscal emitiera un dictamen en el que recomendó anular el decreto mediante el cual la intendenta Rossana Chahla impulsó cambios en el funcionamiento del organismo, desde el municipio salieron a defender la medida y a cuestionar uno de los principales argumentos de la presentación judicial: la supuesta independencia del Tribunal de Faltas respecto del Departamento Ejecutivo.

Matías Balardini, director administrativo del Tribunal de Faltas de la Capital, sostuvo en LA GACETA que la reforma no modificó las atribuciones de los jueces ni su capacidad para dictar sentencias. Según explicó, el objetivo fue reorganizar el circuito administrativo de las causas para reducir la burocracia, digitalizar trámites y facilitar el acceso de los vecinos.

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"Acá el error es considerar que existe un Poder Judicial Municipal independiente", afirmó Balardini. Y agregó: "Los jueces de faltas son independientes al momento de dictar la sentencia, pero de ninguna manera el juez es independiente como si fuera un órgano aparte del Departamento Ejecutivo".

Para el funcionario, la discusión requiere poner en contexto cuál es el lugar que ocupa el Tribunal de Faltas dentro de la estructura municipal. En ese sentido, remarcó que la Ley Orgánica de Municipalidades contempla dos poderes: el Departamento Ejecutivo y el Departamento Legislativo, representado por el Concejo Deliberante.

"En ningún momento habla de Poder Judicial Municipal", sostuvo. Según su interpretación, los jueces de faltas son funcionarios que dependen administrativamente del Ejecutivo y ejercen una función jurisdiccional específica al momento de resolver las infracciones.

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Balardini diferenció así las tareas administrativas de las estrictamente jurisdiccionales. "Yo como director administrativo no intervengo en las causas. No firmo un proveído, no firmo una sentencia, no tengo potestad de subir o bajar una multa, no tengo potestad de dictar una sentencia", explicó.

La reforma cuestionada, afirmó, no modificó esas facultades. Lo que hizo fue trasladar el control administrativo de las causas a una oficina específica. "Se le sacó al juez el control administrativo, es decir, todo el procedimiento, la notificación, la segunda notificación, controlar que la causa esté debidamente llevada administrativamente en condiciones de dictar sentencia. Al momento de dictar sentencia, es ahí cuando interviene el juez".

Balardini defendió la reorganización como parte de un proceso de modernización de la administración municipal. Según describió, anteriormente los juzgados estaban centralizados en la sede de calle Jujuy y los vecinos debían trasladarse de una repartición a otra para resolver una infracción.

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Puso como ejemplo los casos de vehículos secuestrados por infracciones de tránsito. El vecino debía consultar en distintas dependencias para saber dónde estaba el vehículo, cuál era el trámite correspondiente y cómo recuperarlo.

"Todos creo que en algún momento, como contribuyentes, como vecinos, fuimos al Tribunal de Faltas a hacer algún trámite y sabemos que ir al Tribunal de Faltas resulta tedioso", señaló. Para el funcionario, uno de los objetivos de la gestión de Chahla fue precisamente modificar esa dinámica.

En esa línea, destacó la creación de una mesa de entrada y de una Oficina de Gestión Administrativa y Control de Causas. El sistema, explicó, permite distribuir los expedientes de acuerdo con la temática de la infracción y centralizar el seguimiento administrativo.

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"Lo que se busca con este decreto es eficientizar, agilizar y, sobre todo, dar transparencia", insistió.

También destacó la incorporación de herramientas digitales. Entre ellas, mencionó un canal de WhatsApp mediante el cual los vecinos pueden consultar gratuitamente si registran infracciones de tránsito a partir de su documento o del dominio de su vehículo.

Además, aseguró que el libre deuda pasó a tramitarse de manera digital y que los descargos frente a infracciones pueden presentarse por correo electrónico, sin necesidad de concurrir personalmente a las oficinas.

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"¿Qué tiene de malo que vos puedas mandar un WhatsApp y preguntar si tenés infracción de tránsito? ¿Qué tiene de malo que vos puedas tramitar online tu libre deuda? ¿Qué tiene de malo que vos puedas mandar tu descargo por correo electrónico?", planteó.

El conflicto llegó a la Justicia a partir de la presentación realizada por uno de los jueces del Tribunal de Faltas contra el decreto municipal. Balardini aclaró que actualmente el organismo está integrado por nueve jueces y que, según afirmó, solo uno de ellos judicializó la medida.

El funcionario también destacó que, cuando comenzó la demanda, se solicitó una medida de no innovar para suspender transitoriamente la aplicación del decreto hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Sin embargo, señaló que ese pedido fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

"Al día de hoy, el decreto está vigente y se está aplicando", confirmó.

En cuanto al reciente dictamen del Ministerio Público Fiscal, Balardini explicó que se trata de una instancia dentro del proceso y que no obliga al magistrado que debe resolver la controversia.

"El dictamen fiscal del Ministerio Público Fiscal es una etapa procesal. Es un dictamen no vinculante", explicó. El juez que interviene, agregó, "puede apartarse o no del dictamen" al momento de dictar sentencia.

Desde el municipio, aseguró, aguardarán la resolución judicial y respetarán el resultado del proceso. "Sea que se haga una sentencia a favor o una sentencia en contra, se agotarán las vías para defender el interés del municipio", afirmó.

Más allá de la discusión jurídica, Balardini buscó instalar el eje de la reforma en la necesidad de facilitar los trámites para los ciudadanos. Incluso recurrió a la experiencia de su propia familia para graficar las dificultades que, según sostuvo, implicaba el antiguo sistema.

"Mi mamá tiene 76 años. Ir al Tribunal de Faltas, pedir la multa, volver a la otra repartición, volver al Tribunal de Faltas, para una persona mayor me parece un lugar casi espantoso", relató.

Por eso, defendió que el proceso de digitalización y reorganización administrativa debe servir para que el vecino pueda resolver sus gestiones sin perder horas y sin recorrer distintas dependencias municipales.

"Lo único que se ha hecho es querer acercar al vecino a que sea una justicia administrativa de faltas cercana", sostuvo. Y resumió el objetivo de la reforma: "Que sea fácil el trámite, que sea sencillo para vos, para mí, para una mujer jubilada de 70 años, que no sea algo tedioso".

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