Una ley que llega debilitada: el difícil camino del oficialismo para construir una mayoría en el Senado
Información + Opinión - La Rioja, Argentina

Por Redacción NUEVA RIOJA
Cuando este jueves el Senado abra el debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo llegará con una imagen muy distinta a la que tenía cuando presentó la iniciativa.
Lejos de exhibir una mayoría consolidada, el Gobierno arriba a la sesión después de un extenso proceso de negociaciones, modificaciones y concesiones que terminaron por exponer las dificultades para reunir los votos necesarios.
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La decisión de retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y flexibilizaba el régimen de adquisición de campos por parte de extranjeros no fue un cambio de criterio político. Fue, antes que nada, una decisión parlamentaria. Sin los números asegurados, el oficialismo optó por sacrificar uno de los puntos más cuestionados para intentar preservar el resto del proyecto.
Pocas iniciativas legislativas recientes atravesaron un proceso de negociación tan prolongado.
Desde su presentación, el texto sufrió 17 modificaciones y el tratamiento en el Senado fue postergado en cuatro oportunidades, una secuencia que refleja la búsqueda permanente de acuerdos sin que el oficialismo lograra consolidar una mayoría estable.
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Cada nueva versión respondió a objeciones planteadas por distintos bloques y gobernadores, en un escenario donde las mayorías no estuvieron garantizadas en ningún momento.
La eliminación del capítulo referido a la Ley de Tierras terminó siendo la expresión más visible de ese proceso. En un contexto post Mundial, donde los "nacionalismos" y los titulares en todo el mundo exhibiendo que "Las Malvinas son argentinas" , no parece el mejor escenario para avanzar con un tema que se tornó más "sensible" de lo esperado por el Gobierno.
Sin embargo, la decisión de retirar ese apartado no resolvió el problema político de fondo.
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Fuentes parlamentarias consultadas por Nueva Rioja señalaron que las modificaciones previstas para la Ley Nacional de Manejo del Fuego (26.815) también continúan generando resistencia entre distintos sectores del Senado, por lo que el oficialismo todavía enfrenta dificultades para reunir los apoyos necesarios sobre otros artículos del proyecto.
En otras palabras, la falta de consenso no se concentró únicamente en la extranjerización de tierras.
En ese contexto, la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) realizada el miércoles terminó agregando un nuevo componente político.
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El organismo, integrado por las máximas autoridades ambientales de las provincias, resolvió aconsejar la no aprobación de las modificaciones impulsadas sobre la legislación ambiental, particularmente las vinculadas al régimen de manejo del fuego.
Aunque su resolución no tiene efectos jurídicos sobre la votación del Senado, sí representa un posicionamiento institucional de fuerte peso político al expresar la visión de las provincias en materia ambiental.
La tensión quedó reflejada horas antes del encuentro, cuando la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación solicitó formalmente al COFEMA que aplazara el tratamiento del tema.
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En la nota enviada por el secretario Daniel Scioli, el Gobierno argumentó que el proyecto aún se encontraba en trámite legislativo y que el Consejo debía evitar pronunciarse sobre un texto que podía seguir siendo modificado.
El planteo no prosperó.
El organismo mantuvo la convocatoria y emitió igualmente su resolución, sumando un nuevo elemento de presión institucional sobre un proyecto que ya llegaba condicionado por la falta de acuerdos políticos.
La sesión de este jueves mostrará si las concesiones realizadas por el oficialismo fueron suficientes para sostener el resto de la iniciativa.
Más allá del desenlace parlamentario, ese proceso ya constituye un dato político en sí mismo. Refleja las dificultades del Gobierno para construir consensos en una cámara donde ninguna fuerza dispone por sí sola de los votos necesarios y donde cada artículo terminó convirtiéndose en una negociación particular, donde los gobernadores tampoco querían quedar expuestos con temas tan sensibles para las provincias.
En ese escenario, la retirada del capítulo sobre la Ley de Tierras aparece menos como un hecho aislado que como la consecuencia visible de un proyecto que, desde su ingreso al Congreso, debió adaptarse una y otra vez para intentar sobrevivir al debate legislativo.
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