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CURIOSIDADES
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07·Curiosidades

Una pericia judicial puso en duda la validez de los videos en la causa contra Insaurralde y Jesica Cirio

Un informe técnico del Ministerio Público Fiscal concluyó que el material audiovisual incorporado al expediente no permite verificar su origen, autenticidad ni integridad, por lo que su valor como prueba quedó seriamente cuestionado.

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Una pericia judicial puso en duda la validez de los videos en la causa contra Insaurralde y Jesica Cirio
Una pericia judicial puso en duda la validez de los videos en la causa contra Insaurralde y Jesica Cirio

Un informe técnico del Ministerio Público Fiscal concluyó que el material audiovisual incorporado al expediente no permite verificar su origen, autenticidad ni integridad, por lo que su valor como prueba quedó seriamente cuestionado.

Un informe elaborado por el Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones (DATIP) del Ministerio Público Fiscal determinó que los videos incorporados a la causa que investiga a Martín Insaurralde y Jesica Cirio presentan importantes deficiencias técnicas que impiden garantizar su autenticidad y trazabilidad, lo que pone en duda su utilización como prueba judicial.

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La pericia analizó el contenido de un dispositivo de almacenamiento entregado al expediente y detectó que no es posible establecer con certeza cuándo fueron grabados los videos ni confirmar que el material permanezca intacto desde su obtención. Según el dictamen, las fechas registradas corresponden al momento en que los archivos fueron copiados al pendrive y no al instante en que habrían sido filmados.

Uno de los puntos centrales del informe señala que no existen elementos suficientes para determinar de manera fehaciente la fecha de creación de los archivos, una circunstancia que dificulta ubicarlos temporalmente dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los especialistas también advirtieron que los videos carecen de metadatos originales, es decir, de la información técnica que normalmente identifica el dispositivo con el que fueron registrados, la fecha de captura y otros datos necesarios para verificar su procedencia. Esta ausencia sugiere que los archivos pudieron haber atravesado procesos de edición, conversión o transferencia antes de llegar a la Justicia.

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Además, el análisis detectó patrones compatibles con copias masivas o modificaciones en los metadatos, ya que varios archivos compartían exactamente las mismas fechas y horarios de modificación. También se observó que estaban almacenados en una carpeta denominada "copia2406", en referencia a una copia realizada el 24 de junio de 2026.

Otro aspecto destacado por los peritos fue la inexistencia del código hash original, una herramienta informática que permite comprobar si un archivo fue alterado desde su obtención. Sin esa firma digital, explicaron, no puede garantizarse la integridad del material incorporado al expediente.

El informe también hizo referencia a una inconsistencia en la cadena de custodia de uno de los elementos secuestrados. Mientras la documentación judicial consignaba la existencia de un pendrive, el sobre peritado contenía una tarjeta micro SD de 32 GB, una diferencia que, según los especialistas, afecta la trazabilidad de la evidencia.

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En sus conclusiones, el laboratorio sostuvo que los archivos analizados no reúnen los estándares técnicos exigidos para una prueba digital, ya que no puede verificarse su origen, autenticidad ni conservación desde el momento de su obtención. Por ese motivo, el dictamen entiende que el material no puede ser considerado una evidencia plenamente válida dentro del proceso judicial, al no cumplir con los requisitos de integridad y debido resguardo establecidos para este tipo de pruebas.

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