Víctimas del caso $Libra apelaron su exclusión como querellantes y criticaron al juez por prejuzgar la causa

Resumen para apurados

Cuatro de los damnificados en la causa que investiga una presunta estafa vinculada con la criptomoneda $Libra apelaron la decisión que los excluyó como querellantes y solicitaron que la Cámara Federal revoque esa resolución. Representados por el abogado y dirigente social Juan Grabois y por Camila Palacin Roitbarg, sostienen que el juez Marcelo Martínez De Giorgi prejuzgó sobre el expediente y desestimó pruebas que, según afirman, acreditan una maniobra defraudatoria. Días atrás también había apelado otro de los denunciantes, Martín Romeo.

La presentación cuestiona la resolución dictada el 3 de julio, mediante la cual el magistrado apartó a los querellantes del proceso penal. Según el escrito, esa decisión "desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada en la causa".

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Los apelantes sostienen que Martínez De Giorgi se pronunció sobre el fondo de la investigación al afirmar que "los hechos investigados no resultan subsumibles en el delito de estafa" y al considerar que lo ocurrido fue una simple inversión especulativa fallida, propia de la volatilidad de una "memecoin", consignó el diario "Ámbito".

En el recurso remarcan que la investigación ya reúne elementos de prueba relevantes, entre ellos peritajes oficiales, extracciones forenses de dispositivos secuestrados, informes de la Ufeci y de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, además de la declaración del perito ingeniero Fernando Molina ante la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra de la Cámara de Diputados.

Según los querellantes, esas pruebas describen "una maniobra defraudatoria concreta, planificada y ejecutada con coordinación milimétrica", que no puede equipararse a una caída habitual del valor de un activo digital.

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La apelación también incorpora conversaciones aportadas por la periodista Nancy Pazos, en las que, según el escrito, se advertía a Javier Milei sobre un supuesto fraude relacionado con la criptomoneda $Libra. Los querellantes sostienen que el mandatario respondió que se trataba de una herramienta para financiar a las PyMEs en Argentina, algo que, según remarcan, "jamás sucedió".

Además, argumentan que "excluir a las querellas en esta instancia del proceso equivaldría, en los hechos, a consolidar precisamente el vacío de control que la intervención de las víctimas como parte querellante está destinada a cubrir".

La definición quedó ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y restituye a los damnificados su condición de querellantes. Durante la investigación, la causa pasó de la Sala II a la Sala I por distintos cambios procesales vinculados con la integración del tribunal.

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Actualmente, la Sala I está integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los querellantes recuerdan que su participación en el expediente ya había sido confirmada con anterioridad y ahora esperan que ese tribunal revierta su exclusión.

La integración de la Cámara también atraviesa un proceso de renovación. Bertuzzi integra una terna elevada por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para la cobertura definitiva del cargo, junto con la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio.

El gobierno libertario deberá elegir uno de los candidatos y remitir el pliego al Senado. En tanto, Bruglia presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para permanecer en el cargo, mientras se menciona a Pablo Yadarola como posible reemplazante.

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